El tiempo ha demostrado el error de quienes identificaron el apoyo español a la intervención en Irak como causa fundamental de este terrorismo.

Nuestra presencia en Afganistán, junto a la reivindicación de «Al Andalus», y en especial de ciudades como Ceuta y Melilla, así como la beligerancia que el Estado español ha mostrado en la persecución policial y judicial del yihadismo, han acrecentado el nivel de amenaza para España.

El terrorismo yihadista continúa adoptando diversas manifestaciones, de manera que esta amenaza no proviene exclusivamente de una organización terrorista como Al Qaeda. A ella deben sumarse ciertas entidades y redes afiliadas, así como otras células autoconstituidas en distintos escenarios, pero inspiradas en el referido grupo, que persiguen mediante la violencia la imposición de similares objetivos políticos y religiosos.

Sobre esta difusa estructura se han desarrollado redes de individuos que han extendido su influencia por nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Las investigaciones policiales han confirmado la relevancia que para el yihadismo ha adquirido España como puente entre Europa, África y Asia.

La captación de adeptos con la intención de ser adoctrinados y posteriormente enviados a escenarios como Irak y el norte de África ha representado una de las actividades prioritarias de los yihadistas en nuestro país. Éstas y otras actividades de logística y financiación se han complementado con acciones encaminadas a perpetrar en nuestro territorio atentados que afortunadamente han sido abortados.

Así lo puso de manifiesto la detención en enero de 2008 de un grupo de paquistaníes sospechoso de preparar una acción suicida en el metro de Barcelona. El hecho de que no se hayan repetido acciones terroristas de la magnitud del 11 M en Madrid y del 7 J en Londres puede haber reducido la percepción de riesgo en determinados ámbitos.

Sin embargo, la realidad subyacente a la ausencia de exitosos atentados no debe ocultar que numerosas operaciones terroristas se han planeado, siendo finalmente neutralizadas antes de su materialización. Diversas células terroristas han sido desmanteladas en España y otros países de nuestro entorno evitándose atentados y los terribles resultados que sus inspiradores pretendían lograr, esto es, un elevado número de víctimas. I

ndiscriminación y letalidad

Como el 11 M demostró cruelmente, el terrorismo inspirado en una interpretación fundamentalista del Islam persigue un alto grado de indiscriminación y letalidad. Lo hace en ocasiones a través del recurso a tácticas suicidas con el fin de explotar las vulnerabilidades de sistemas democráticos incapaces de garantizar una seguridad absoluta.

En este sentido, la más reciente experiencia policial y judicial ha confirmado que es relativamente escaso el tiempo que trascurre desde la planificación del atentado hasta su ejecución, limitando el margen de actuación contraterrorista.

Estas características distintivas del terrorismo yihadista han obligado a incrementar notablemente los esfuerzos preventivos para impedir dramáticas consecuencias. En estos años la recolección de inteligencia preventiva ha resultado vital dentro del repertorio antiterrorista con el fin de impedir que las letales intenciones del terrorista yihadista se hiciesen realidad. En semejantes condiciones a menudo ha sido precisa una rápida acción policial, premura que, sin embargo, ha obstaculizado la acumulación de pruebas necesarias para que una vez judicializadas éstas se tradujesen en procesamientos y condenas. No deben por ello juzgarse ineficaces operaciones antiterroristas que a veces no han concluido en firmes sentencias condenatorias.

La trayectoria frente a esta tipología terrorista demuestra que en algunas ocasiones determinados actos preparatorios pueden quedar impunes.

Sin embargo, la compleja naturaleza de la amenaza requiere definir correctamente los criterios de valoración de intervenciones policiales cuyo objetivo fundamental es salvar vidas. Evitar posibles asesinatos masivos es, sin duda, un éxito. En esas circunstancias las lagunas que en la persecución de este tipo de criminalidad existen han suscitado reflexiones sobre los mecanismos que podrían y deberían aplicarse para facilitar la incriminación de los yihadistas.

Entre ellas se incluye la propuesta de incluir nuevos tipos penales que eviten situaciones como la generada en 2008 cuando el Tribunal Supremo absolvió a 15 de los 20 condenados por la Audiencia Nacional en la Operación Nova. Este ejemplo ilustra los desafíos a los que la acción antiterrorista todavía se enfrenta para continuar mejorando en su combate contra el yihadismo.