Poco a poco, nuestros países han ido dando carta de ciudadanía a las drogas, a tal punto que quienes no están en esta onda son calificados de despistados o, dicho de otra manera aunque con el mismo significado, de moralistas.

Lo que ha hecho la justicia argentina es reconocer una realidad: las drogas circulan libremente en nuestras sociedades. Las policías se dedican a interceptar el tráfico que hacen los mayoristas y han levantado virtualmente las manos en el caso del comercio minorista.

No se han legalizado las drogas, pero el dinero que generan circula en las economías de todos los países. Los ingresos que produce la cocaína son (lo dijo Milenio en estos días) el verdadero blindaje de la economía boliviana, del mismo modo que sirven para financiar un ejército de mercenarios en Colombia y otro en Perú, bandas que desafían al Ejército en México y a la Policía en Brasil.

El poder de la droga es el mayor riesgo para la paz y la unidad de los países, como se puede observar en Afganistán o en Somalia pero también en nuestra región. Las armas que usan los mercenarios colombianos salieron del Ejército venezolano y las armas de las mafias cariocas del Ejército boliviano.

La cadena humana de la droga forma un ejército muy grande y es una tentación para los políticos.

Hay que admitir que en Bolivia es donde se ha llegado más lejos en esto de aceptar a quienes participan en el negocio, pues el jefe de los proveedores ilegales de materia prima es el Presidente del país.

Otros países encaran el tema con cierta hipocresía. El presidente de Brasil, Lula da Silva, estuvo de visita en el Chapare, lugar donde nació este ejercicio de honestidad boliviano de aceptar que su economía depende de actividades afines al narcotráfico.

El presidente Lula ha ordenado la eliminación de las plantaciones de cannabis que existían en la llamada “isla de la marihuana”, ubicada en el río San Francisco, estado de Pernambuco. A pesar de eso, vino al Chapare a hacer homenaje a las plantaciones ilegales de coca. En su país no permite lo que, en cambio, admira en Bolivia.

La incorporación de Bolivia a la economía ilegal comenzó con el argumento de que los cocaleros del Chapare no tenían otro ingreso sin el que les proporciona la venta de la hoja a los fabricantes de droga.

Pero ahora eso ha dejado de ser cierto, pues los chapareños podrían dedicarse a otras actividades; si no lo hacen es porque están muy cerca de ser legalizados, como les ha ofrecido su líder.

Se ha propuesto un estudio para establecer cuánta coca consumen los bolivianos en el uso tradicional y el Gobierno calcula que las 12.000 hectáreas autorizadas son insuficientes. De las 20.000 hectáreas ilegales que existen, quiere legalizar por lo menos 8.000. Ahora están cerca de tener un parlamento que cumpla este objetivo.

Los sectores afines a la droga en Bolivia no han hecho la guerra, como en Afganistán, ni guerrilla, como en Colombia o Perú. Han hecho política.