Datos del Gobierno dicen que todos los días mil ciudadanos reciben sus pasaportes porque quieren irse. Es decir que 300.000 ciudadanos se van de Bolivia todos los años. A este ritmo, el país habrá quedado despoblada en 30 años. Por lo tanto, se ve que estas cifras de crecimiento no llegan a la gente, no son capaces de hacer que los bolivianos decidan quedarse en su país. Dicen los economistas que esto se debe a que las actividades que crecen no generan empleos.

Pero parece que tampoco generan esperanzas. Las cifras están concentradas en esas actividades y lo malo es que también la atención de nuestros políticos está concentrada en ellas. De la gente, nadie se ocupa. Lo máximo que hace el Estado boliviano por los ciudadanos es darles su pasaporte para que se larguen.

Mientras tanto, nuestros políticos siguen jugando sus juegos de siempre. La actual incertidumbre que vive el país y que paraliza la economía con la única excepción de las imprentas que imprimen los pasaportes, está durando demasiado tiempo.

Los gobiernos transitorios se suceden de manera interminable. El actual Gobierno, que podía haber sido el fin de la transición y el ingreso del país a una etapa estable, diferente de la anterior, pero estable, se ha hecho transitorio por voluntad propia.

Carlos Mesa debía llamar a elecciones en 2007 pero tuvo que irse antes y dio paso a Eduardo Rodríguez Veltzé, otro transitorio. Todo desembocó en Evo Morales, quien ha decidido que en su gestión debe convocar a la Constituyente, la que, a su vez, deberá crear una nueva situación en la que llame otra vez a elecciones.

A este paso los gobiernos transitorios cubrirán las tres décadas que se necesitan para que, con el ritmo actual, el país quede vacío. El último boliviano tendrá que apagar la luz del aeropuerto.

Para que el país crezca y genere empleos se necesitan leyes claras y garantías para la inversión. Eso ocurre en todas partes, incluso en la China Popular.

Pero los legisladores bolivianos se esmeran en crear leyes que necesitan ser corregidas. La ley de hidrocarburos, que finalmente ha sido aceptada por todas las empresas, deberá ahora ser cambiada. Los campos grandes tendrán que pagar 70 por ciento de impuestos, dice la nueva palabra de orden. Y se debe incorporar las bases para reajustes que respondan a los cambios en los precios internacionales. Por supuesto que estas dudas provocan parálisis en las inversiones. O, peor todavía, como denuncia un dirigente chaqueño, provoca que las empresas petroleras comiencen a sobreexplotar los campos sin tomar previsiones para que duren más tiempo.

El Código de minería está en la sala de espera durante mucho tiempo, para ser reformado. Ahora dicen que los encargados de la reforma han decidido introducir los principios de tierra y territorio ya en ese Código. Lo que obliga a que todo el cambio sea remitido a las reformas de la Constituyente. Otra larga espera más.

El mensaje de la gente dice: sigan jugando, políticos, que nosotros nos vamos.