La actividad terrorista sigue siendo una preocupación significativa en varias regiones de América Latina, de modo más notable en Colombia, Perú y la región de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay, dice un nuevo informe del Departamento de Estado.
Mientras que según el informe "Tendencias del Terrorismo Mundial" en 2001, en Colombia y Perú el terrorismo es de origen interno, "el 11 de septiembre atrajo renovada atención a las actividades de la organización terrorista Hizballah, con base en el Líbano, al igual que otros grupos terroristas en la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde los terroristas recaudan cada año millones de dólares por medio de empresas criminales".
El informe, publicado el 21 de mayo, hace notar que aunque la zona de la triple frontera ha estado vinculada, desde hace tiempo, a varias actividades ilegales, ahora se caracteriza por ser el centro de las actividades de Hizballah y HAMAS, especialmente las que se refieren a la logística y las finanzas. Agrega, sin embargo, que los informes periodísticos sobre agentes de al-Qaida en la zona de la triple frontera han sido desmentidos o seguían sin comprobarse para fines de año.
Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay seguían vigilando la zona de la triple frontera y habían tomado medidas para contener a los individuos de quienes se sospecha con más vehemencia que ayudan materialmente a los grupos terroristas, dice el informe. Por ejemplo, funcionarios paraguayos intervinieron en varias empresas y detuvieron a "numerosos sospechosos" que se creyó habían ayudado materialmente a Hizballah o HAMAS.
El terrorismo sigue siendo un problema grave en Colombia, indica el estudio, al hacer notar que en 2001 "hubo en Colombia más secuestros que en ningún otro país del mundo, y las transferencias financieras de las víctimas a los terroristas por la vía de los pagos de rescate y extorsión continuaron debilitando la economía colombiana". En 2001 se atribuyeron a los tres principales grupos terroristas que operan en ese país -- las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -- unos 3.500 asesinatos.
Según el documento, las FARC y las AUC "continuaron con su práctica mortal de masacrar a los partidarios del otro grupo, especialmente en zonas donde competían por los corredores del tráfico de drogas o el terreno de cultivo de coca de primera calidad". De modo similar, las FARC y el ELN "compitieron entre sí para predominar en el bombardeo del oleducto Caño Limón-Coveñas, combinándose para cometer la cifra sin precedentes de 178 ataques, que tuvieron un efecto ecológico y económico devastador".
Otro acontecimiento perturbador ocurrido en Colombia fue la captura en agosto de tres miembros del Ejército Republicano Irlandés, quienes fueron luego acusados de proporcionarles a las FARC pericia y entrenamiento en explosivos.
En Perú, señala el informe, aunque no hubo actos de terrorismo internacional en 2001, los 130 actos de terrorismo interno indicaron un notable aumento sobre las cifras de los tres años anteriores. El Sendero Luminoso fue el grupo terrorista más activo en Perú, afirma el estudio, al hacer notar que el arresto de dos de sus miembros a fines de noviembre de 2001 frustró un ataque terrorista potencial a un objetivo norteamericano en Perú, posiblemente la embajada de Estados Unidos.
Al mencionar el apoyo de alcance hemisférico a Estados Unidos luego de esos ataques, observa el informe que "los países de América Latina (con excepción de Cuba) condenaron unánimemente los ataques del 11 de septiembre, y la Organización de los Estados Americanos se convirtió en la primera organización internacional en expresar indignación ante el `ataque a todos los estados democráticos y libres del mundo'". Diez días después, continúa diciendo, los miembros de la OEA invocaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el Tratado de Río, en apoyo de Estados Unidos.
A continuación una traducción extraoficial del texto de la sección latinoamericana de "Tendencias del Terrorismo Mundial":
(comienza el texto)
Panorama general de América Latina
"Individual y colectivamente, les privaremos a los grupos terroristas de la capacidad de operar en este hemisferio. Esta familia americana se mantiene unida". Declaración de la Organización de los Estados Americanos, 21 de septiembre de 2001.
Los países de América Latina (con excepción de Cuba) condenaron unánimemente los ataques del 11 de septiembre, y la Organización de los Estados Americanos se convirtió en la primera organización internacional en expresar indignación ante el "ataque a todos los estados democráticos y libres del mundo" y en manifestar solidaridad con Estados Unidos. Diez días después, los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA pidieron una serie de medidas firmes para combatir el terrorismo, y aquellos miembros que son parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca dieron el paso sin precedentes de invocar el principio de asistencia mutua -- un acuerdo mediante el cual un ataque a cualquier estado que sea parte del tratado se considera un ataque a todos ellos.
El secuestro de personas siguió siendo uno de los problemas más perniciosos en la región. En 2001 diecinueve ciudadanos norteamericanos fueron secuestrados en América Latina, cinco de ellos en Colombia, otros tantos en Haití y cuatro en México. Unidades antiterroristas de élite arrestaron en Colombia a 50 personas en relación con el secuestro en octubre de 2000 de cinco trabajadores petroleros norteamericanos en Ecuador y el posterior asesinato, en enero de 2001, del rehén estadounidense Ron Sander.
El 11 de septiembre atrajo renovada atención a las actividades de la organización terrorista Hizballah, con base en el Líbano, al igual que otros grupos terroristas en la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde los terroristas recaudan cada año millones de dólares por medio de empresas criminales. Hay pruebas de la presencia de miembros o simpatizantes de Hizballah en otras partes de América Latina: el norte de Chile, especialmente en los alrededores de Iquique; en Maicao, Colombia, cerca de la frontera con Venezuela; en la isla de Margarita, en Venezuela; y en la Zona de Libre Comercio de Colón, en Panamá. Organizaciones de inteligencia y ejecución de la ley estadounidenses y locales investigaron denuncias de la existencia de células de apoyo de Osama ben Laden o al-Quaida, pero al terminar el año las denuncias no habían sido corroboradas.
El 10 de septiembre el secretario de Estado Powell designó oficialmente Organización Terrorista Extranjera (FTO) a la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debido, en parte, su explosivo crecimiento -- las AUC alcanzaron un estimado de 9.000 combatientes en 2001 -- y a su dependencia de las tácticas terroristas. La mayor organización terrorista de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), compuestas por 16.000 miembros, desataron en 2001 y principios de 2002 tal oleada de violencia que el presidente colombiano Andrés Pastrana decidió, en febrero de 2002, terminar las conversaciones de paz que habían sido uno de los elementos fundamentales de su presidencia y reasumir el control gubernamental de la zona desmilitarizada, o zona de despeje, de las FARC.
Tres miembros del Ejército Republicano Irlandés -- supuestos expertos en explosivos que ayudaban a las FARC a preparar una campaña de terrorismo urbano -- fueron arrestados en agosto cuando salían de la zona de despeje. Los medios noticiosos colombianos informaron de denuncias de apoyo similar a las FARC prestado por el grupo terrorista Tierra Vasca y Libertad, o ETA. Muchos analistas consideran a Ecuador un punto estratégico de las rutas del trasiego internacional de armas, municiones y explosivos destinados a los grupos terroristas colombianos.
En Perú, el Sendero Luminoso dio señales de recuperación como organización terrorista, si bien con una mayor concentración en los narcóticos que en la insurgencia ideológica. El MRTA, erradicado en su mayor parte a fines de 1990, no emprendió acciones terroristas en 2001.
A Cuba, uno de los siete estados patrocinadores del terrorismo, se la estudia en la porción de este informe referente al terrorismo patrocinado por el estado.
Bolivia: aunque en 2001 no ocurrieron en Bolivia actos de terrorismo internacional, hubo numerosos incidentes de terrorismo local, que culminaron en el estallido de un automóvil cargado de explosivos el 21 de diciembre, cerca de la entrada de la oficina distrital en Santa Cruz del Departamento de Policía Nacional Boliviano. El ataque mató a una persona y causó numerosas heridas; los edificios cercanos, entre ellos uno que alberga las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Control de Drogas, sufrieron también daños colaterales. Funcionarios bolivianos sospechan que el atentado pudo haber estado relacionado con los éxitos de la policía al capturar a un grupo de sospechosos de robo, entre ellos algunos peruanos, dirigidos aparentemente por un ex funcionario policial boliviano.
Se cree que la mayoría de los otros incidentes los perpetraron cultivadores ilegales de coca ("cocaleros"), lo que incluye el empleo de tiradores contra las fuerzas de seguridad y el minado de zonas donde tienen lugar los esfuerzos de erradicación, principalmente en la región del Chapare, en el Departamento de Cochabamba.
En los meses que siguieron al 11 de septiembre, Bolivia se convirtió en parte de todas las 12 convenciones antiterroristas de las Naciones Unidas y de la convención antiterrorista de la OEA. Además, Bolivia emitió órdenes de bloqueo de bienes terroristas.
Chile: dos incidentes, aparentemente relacionados con el terrorismo, ocurrieron en Chile en 2001. A fines de septiembre la embajada de Estados Unidos recibió una carta bomba activa que la policía local destruyó exitosamente en una demolición controlada. El segundo incidente involucró un carta contaminada con ántrax que se recibió en el consultorio de un médico de Santiago; la cepa de ántrax, sin embargo, no fue la misma que la que se encontró en casos similares en Estados Unidos, y es posible que este incidente haya sido perpetrado localmente.
En el caso de la carta bomba dos sospechosos chilenos, Lenin Guardia and Humberto López Candia, fueron puestos bajo custodia y acusados de obstrucción de la justicia y posesión de armas ilegales y de fabricar y enviar la bomba, respectivamente. Aunque ambos encaran, de ser declarados culpables de conformidad con la ley antiterrorista chilena, sentencias de 20 años de prisión, parece que la embajada estadounidense era un blanco prominente para aquellos que actúan movidos por motivos personales o de interés propio.
El gobierno chileno abrió también una investigación de las actividades del empresario libanés Assad Ahmed Mohamed Barakat -- el mismo Barakat que buscan las autoridades paraguayas y que, a fines de año, seguía residiendo en Brasil -- en el puerto norteño de Iquique. Las autoridades sospechan que en Iquique Barakat, junto con su socio libanés, estableció dos empresas como operaciones de fachada para transferir potencialmente millones de dólares a Hizballah.
Chile empezó también a tomar medidas concretas para mejorar sus propias capacidades antiterroristas y cumplir con sus obligaciones contractuales internacionales. Además de convertirse en parte de todas las 12 convenciones antiterroristas de las Naciones Unidas, las medidas incluyen propuestas de nuevas leyes contra el lavado de dinero para apuntar al financiamiento terrorista, unidades investigadoras antiterroristas especiales, y una nueva agencia de inteligencia nacional.
Chile, en colaboración con Brasil y Argentina, ha encabezado esfuerzos para coordinar el apoyo hemisférico a Estados Unidos luego del 11 de septiembre, en su condición de jefe (secretario pro tempore) del Grupo de Río. Los esfuerzos incluyeron convocar al Consejo Permanente y a los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en la semana que siguió a los ataques, la histórica invocación del Tratado de Río, y tomar parte en una sesión especial de la Comisión Interamericana de la OEA Contra el Terrorismo.
Colombia: una percepción internacional incrementada del terrorismo no hizo nada para detener e incluso retardar en 2001 el ritmo de las acciones terroristas de las tres organizaciones terroristas de Colombia -- las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se les atribuyeron a estos grupos unos 3.500 asesinatos.
El 10 de septiembre, el secretario de Estado Colin Powell anunció la designación de las AUC como Organización Terrorista Extranjera, citando como razones primordiales de la designación el crecimiento explosivo de las AUC -- hasta un estimado de 9.000 combatientes para fines de año -- y su creciente dependencia de métodos terroristas tales como el empleo de masacres para desplazar de intento segmentos poblacionales. Con este agregado, todos los tres principales grupos armados de Colombia han sido designados por Estados Unidos Organizaciones Terroristas Extranjeras (las FARC y el ELN fueron designados en 1997). Estimados colombianos para el 2001 sugieren que las AUC fueron responsables de un 43 por ciento de los desplazados internos de Colombia, en su mayor parte campesinos, en tanto que las FARC y el ELN fueron responsables de un 35 por ciento.
En 2001, como en años anteriores, hubo en Colombia más secuestros que en ningún otro país del mundo, y las transferencias financieras de las víctimas a los terroristas por la vía de los pagos de rescate y extorsión continuaron debilitando la economía colombiana. Se alega que las FARC y el ELN fueron responsables en 2001 de aproximadamente el 80 por ciento de los más de 2.800 secuestros de colombianos y extranjeros, incluso algunos cuyos gobiernos o agencias (las Naciones Unidas, por ejemplo), ayudaron como mediadores en el conflicto civil. Desde 1980, las FARC han asesinado a por lo menos diez ciudadanos estadounidenses, y no se ha dado cuenta de tres misioneros de las Nuevas Tribus secuestrados por las FARC en 1993.
Las FARC y las AUC continuaron con su práctica mortal de masacrar a los partidarios del otro grupo, especialmente en zonas donde competían por los corredores del tráfico de drogas o el terreno de cultivo de coca de primera calidad. Las FARC y el ELN compitieron entre sí para predominar en el bombardeo del oleducto Caño Limón-Coveñas, combinándose para cometer la cifra sin precedentes de 178 ataques, que tuvieron un efecto ecológico y económico devastador, mientras las FARC (con un estimado de 16.000 combatientes frente a menos de 5.000 del ELN) empezaban a obtener la supremacía para fines de año.
Como en años anteriores, las conversaciones de paz intermitentes entre Bogotá y las FARC o el ELN no llevaron a avances sustantivos con ninguno de los dos grupos. (Al momento de publicarse este informe, el presidente Pastrana había roto las conversaciones con las FARC, luego del secuestro del vuelo 1891 de la aerolínea Aires el 2 de febrero de 2002, el secuestro del senador colombiano Jorge Gechen, al igual que el secuestro, cometido separadamente, de la candidata presidencial Ingrid Betancourt; los militares colombianos reasumieron el control de la zona desmilitarizada de las FARC, o zona de despeje). Continuaban las conversaciones con el ELN. Por su parte, las AUC seguían presionando, sin éxito, para que el gobierno de Colombia les diera reconocimiento político.
Durante todo el 2001, el gobierno de Colombia actuó contra los tres grupos terroristas mediante acción militar directa, al igual que por medios legales y judiciales. El procurador general acusó con éxito de terrorismo interno a muchos miembros de las FARC, el ELN y las AUC. Bogotá persiguió también con algún éxito fuentes de financiamiento insurgente y paramilitar, y en un corto período de fines de 2001 capturó, por ejemplo, a cuatro jefes financieros de las FARC. En mayo, incursiones policiales en las residencias de altos miembros de la AUC en Montería recogieron pruebas claves relativas a los patrocinadores financieros de ese grupo. En una nota más inquietante, el gobierno denunció vínculos entre estos grupos y otras organizaciones terroristas fuera de Colombia. Tal vez, el ejemplo más notable es la captura en agosto de tres miembros del Ejército Republicano Irlandés que han sido acusados de compartir su pericia y ofrecer entrenamiento en explosivos en la zona desmilitarizada de las FARC.
El gobierno colombiano ha apoyado mucho en foros internacionales los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, particularmente en las Naciones Unidas y en la OEA. Colombia fue uno de los líderes de la región en el esfuerzo para imponer sanciones al Talibán en las Naciones Unidas, antes de los eventos del 11 de septiembre, y sigue cooperando en la aplicación de las resoluciones antiterroristas del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive las resoluciones 1267, 1333 y 1368. Colombia firmó también la Convención de la ONU sobre la Supresión del Financiamiento del Terrorismo. En la OEA, Colombia continuó siendo un miembro activo de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo y fue elegida para presidir la subcomisión que se ocupa de vigilar e interceptar las corrientes financieras terroristas. Colombia planea también ampliar su capacidad de combatir el terrorismo dentro de sus fronteras por medio de una estrategia en tres partes hecha pública a fines de octubre. Los componentes principales incluyen el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública, la modernización del sistema penitenciario y la ampliación y mejoramiento de los mecanismos de investigación civil y criminal. Se incluyen también provisiones para decomisar y confiscar bienes terroristas, reducir los derechos de secreto bancario y las medidas para aislar de la corrupción las finanzas municipales y departamentales. Al terminar el año, la aplicación de esta estrategia estaba a la espera de que se aprobara legislación adicional.
Ecuador - El secuestro ocurrido el 12 de octubre de 2000 de un grupo de ocho trabajadores petroleros (entre ellos cinco ciudadanos de Estados Unidos) por un grupo armado se extendió hasta 2001. El 31 de enero los secuestradores ejecutaron al rehén norteamericano Ron Sander. Los otros siete rehenes, entre ellos los cuatro ciudadanos de Estados Unidos sobrevivientes, fueron liberados en marzo, luego del pago de un rescate multimillonario en dólares. En junio la policía colombiana arrestó a más de 50 sospechosos colombianos y ecuatorianos, entre delincuentes y guerrilleros, incluyendo a los cabecillas del grupo vinculados al caso. Al final del año cinco de los sospechosos esperaban su extradición a Estados Unidos.
Aparte del asesinato de Ron Sander, no hubo otros hechos importantes de terrorismo en Ecuador durante 2001, a pesar que personas o grupos no identificados realizaron ataques con bombas de baja intensidad. Dos restaurantes McDonald's fueron quemados en abril. Durante un período de cuatro días, a mediados de noviembre, cuatro bombas para lanzar panfletos con propaganda antinorteamericana fueron detonadas en el centro de Quito.
Como hicieron la mayoría de las naciones de América Latina luego de los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos, Ecuador expresó su firme respaldo a Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las declaraciones e iniciativas anti-terroristas que Naciones Unidas emitió en varios foros internacionales, incluyendo la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU 1373, así como para las acciones de la Coalición en Afganistán. Sin embargo Ecuador no mejoró el control de sus fronteras porosas ni reprimió la emigración e inmigración ilegal. Los débiles controles financieros de Quito y el amplio fraude con la documentación son todavía temas de preocupación, como ocurre con la reputación de Ecuador de ser un corredor estratégico para las armas, municiones y explosivos destinados a los grupos terroristas colombianos.
Perú - Aunque no hubo casos de atentados terroristas internacionales en el Perú durante 2001, la cantidad de actos internos de terrorismo (130 al terminar el año) subió notablemente y eclipsó la cantidad de los cometidos durante los tres años previos. La mayor parte de los incidentes ocurrió en áreas remotas del Perú, asociadas al tráfico de narcóticos. Sendero Luminoso (SL) fue de hecho el grupo terrorista más activo, el nivel actividades relacionadas a SL y su postura agresiva pareció aumentar a lo largo de 2001. No se supo que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, aunque políticamente activo, hubiera cometido algún acto terrorista durante 2001. La ciudadana norteamericana Lori Berenson tuvo un nuevo juicio civil y otra vez fue culpada de terrorismo, en base a su participación con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. (La condena y la sentencia fueron reiteradas por la Corte Suprema del Perú el 18 de febrero de 2002.) La policía peruana también investigaba una serie de ataques contra la infraestructura de las compañías de energía eléctrica en Lima durante todo el otoño.
En un caso notable ocurrido a fines de noviembre, la policía peruana frustró un posible atentado de SL posiblemente contra un objetivo de Estados Unidos, tal vez la embajada de Estados Unidos, con el arresto de dos miembros de una célula de SL en Lima. El momento de su arresto uno de los miembros de la célula tenía en su poder trozos de papel con rutas y diagramas de varias instalaciones relacionadas con Estados Unidos en Lima. Aunque todavía se investiga el incidente de fin de año, las autoridades peruanas sospechan que SL tenía planeado un atentado con un vehículo cargado de bombas contra intereses de Estados Unidos, en coincidencia con el cumpleaños del 3 de diciembre del encarcelado fundador de SL Abimael Guzmán. (Los ataques con vehículos cargados de bombas fueron característica regular del modus operandi de SL durante la década de 1980 y principios de 1990).
Perú seguía buscando a varios individuos acusados de cometer actos terroristas en 2001, y entre las capturas notables figuran las de varios importantes miembros de SL. Entre ellos están los arrestos en octubre de Ruller Mazoombite (conocido como Camarada Cayo), jefe del equipo de protección de del jefe de SL Macario Ala (conocido como Artemio) y de Evoricio Ascencio (conocido como Camarada Canale), jefe de logística del Comite Regional Huallaga. Hasta fines de noviembre alrededor de 259 sospechosos de terrorismo habían sido arrestados.
Desde el 11 de septiembre, Lima ha sido un líder regional en el firme respaldo al apoyo de las iniciativas antiterroristas, desde la elaboración a la promulgación de una importante ley (todavía quedan algunas pendientes a fin de año) contra el lavado de dinero así como la aprobación de una posición más activa contra el terrorismo en general. A fines de septiembre, Perú presentó en la Organización de Estados Americanos una versión preliminar de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y, en octubre, asumió la presidencia del Grupo de Trabajo de Controles Fronterizos, del Comité Interamericano Contra el Terrorismo, de la OEA. Perú continúa muy receptivo a las oportunidades de entrenamiento antiterrorista y desde 1986 participa en el programa del Departamento de Estado de Estados Unidos de Ayuda de Entrenamiento Contra el Terrorismo. Sin embargo el Perú todavía debe aprobar órdenes para bloquear los bienes de los terroristas.
La triple frontera (Argentina, Brasil, Paraguay), el área trifronteriza en América del Sur --donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay y que alberga a una importante población árabe --tuvo una nueva preemincencia luego de los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Aunque el tráfico de armas y drogas ilícitas, el contrabando ilegal, fraude con documentos y monedas, lavado de dinero, y artículos pirateados han sido largamente asociados a esa región, también se ha caracterizado como un centro de actividades de Hizballah y HAMAS, particularmente con fines logísticos y financieros. A fin de año, los informes de prensa sobre la presencia en la zona de la triple frontera de operativos de al-Qaida no fueron confirmados o quedaron sin ser corroborados por las autoridades de inteligencia y de los agentes encargados de aplicar la ley.
Los tres gobiernos, especialmente el de Paraguay, tomaron medidas para vigilar a los individuos más fuertemente sospechosos de ayudar materialmente a los grupos terroristas -- con más principalmente Hizballah -- y siguieron vigilando el área y a la vez que mantuvieron órdenes de arresto pendientes de aquellos todavía no capturados. Las autoridades de seguridad de cada país, así como un contingente procedente de Uruguay, siguieron coordinando estrechamente para compartir información. Las cuatro naciones también trataban de mejorar las muy limitadas operaciones conjuntas en la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos también condenaron los ataques del 11 de septiembre y en general dieron un firme apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo.
En 2001, Argentina no padeció actos de terrorismo. El juicio oral contra los supuestos cómplices argentinos en el ataque terrorista de 1994 contra la Asociación de Mutualidades Israelitas en Argentina (AMIA) comenzó a fines de septiembre. Veinte sospechosos son procesados, de los cuales 15 son ex oficiales de policía, entre ellos un ex capitán de la policía de Buenos Aires, a los que se acusa de proporcionar el vehículo robado que fue portador de la bomba. Se estima que el juicio durará gran parte del 2002.
Las autoridades argentinas también continuaron investigando el ataque con bombas en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, y tratando de encontrar a aquellos directamente responsables del atentado contra AMIA. Un equipo de investigadores del FBI, pedido por Argentina, visitó el país en junio para revisar la investigación conjuntamente con los funcionarios legales y judiciales encargados del caso AMIA. A pesar del tiempo transcurrido desde los ataques, el juicio público de los cómplices ahora en curso lleva a algunos a esperar que nueva información relacionada a uno o ambos ataques terroristas saldrá a la luz.
En Brasil, un incidente ocurrido durante 2001 podría ser caracterizado como incidente terrorista -- el ataque con bomba contra un restaurante McDonald's en Río de Janeiro, ocurrido en octubre luego de la hora cierre del local. El incidente resultó en daños a la propiedad, pero no hubo heridos, y si bien la policía brasileña sospecha que el ataque fue obra de supuestos extremistas que se oponen a la mundialización, no se hicieron arrestos.
Luego de los ataques del 11 de septiembre, Brasilia planteó y condujo una exitosa campaña para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río) en apoyo de Estados Unidos. Brasil también fue anfitrión de una conferencia en noviembre sobre las iniciativas regionales contra el terrorismo y participó en varias otras reuniones regionales sobre cooperación en contraterrorismo. Brasil hizo redadas contra varios centros telefónicos clandestinos desde donde rastrearon numerosas llamadas a varios países del Oriente Medio. Las autoridades brasileñas todavía investigan posibles lazos con actividades terroristas.
Desde el 11 de septiembre, Paraguay ha sido un socio activo y destacado en la guerra contra el terror. Ha arrestado --inter alia-- alrededor de 23 individuos sospechosos de recaudar fondos para Hizballah/HAMAS; inició un diálogo a nivel ministerial con gobiernos regionales; reprimió el fraude de pasaportes y vistas y auspició a fines de diciembre un exitoso seminario regional contraterrorista, donde el principal discurso estuvo a cargo del Coordinador de Estados Unidos para Contraterrorismo.
Las autoridades paraguayas allanaron una diversidad de negocios y arrestaron a varios sospechosos, que se considera dieron ayuda material a Hizballah o HAMAS, principalmente en la ciudad trifronteriza de Ciudad del Este o en Encarnación. Entre los principales operativos figuran el arresto el 3 de octubre de Mazen Ali Saleh y Saleh Mahmoud Fayad (por asociación ilícita/evasión de impuestos) y el arresto el 8 de noviembre de Sobhi Mahmoud Fayad (por asociación ilícita y cargos relacionados); los tres están vinculados a Hizballah. Además, los negocios allanados revelaron amplios lazos con Hizballah, en particular, los documentos mostraron la transferencia de millones de dólares a operativos de Hizballah, "entidades de caridad", y entidades en todo el mundo. Varios otras personalidades de la triple frontera, entre ellos Assad Barakat y Ali Hassan Abdallah, son considerados prófugos. Barakat, considerado el principal dirigente de Hizballah en la zona de la triple frontera, vive en Foz do Iguazú, pero es dueño del negocio ("Casa Apollo") en Ciudad del Este; Paraguay ha pedido a la INTERPOL una orden para su arresto.
Entre los otros arrestados estaban unos 17 individuos de origen árabe (en su mayoría libaneses) acusados de portación de documentos falsos; las autoridades paraguayas sospechan que algunos de ellos tienen lazos con HAMAS. Tres paraguayos, un abogado, un funcionario consular y un empleado del ministerio del Interior, también fueron arrestados por emitir documentos de inmigración fraudulentos a los 17 individuos. Asunción, por medio de su unidad para el lavado de dinero, también identificó a 46 individuos que transferían fondos de manera sospechosa por medio de cuentas a nombre de clientes del Oriente Medio Oriente o de organizaciones del Oriente Medio.
A pesar de los éxitos aparentes, la aplicación de la ley contra el terrorismo en Paraguay siguió impedida por la falta de una legislación específica contra las actividades terroristas, aun cuando ese proyecto de ley fue presentado a la legislatura. Mientras no se apruebe esa legislación, Paraguay debe basarse en acusaciones como asociación ilícita, evasión impositiva, lavado de dinero o portación de documentos falsos para arrestar a los sospechosos. La corrupción generalizada también siguió siendo un problema para Paraguay, y algunos sospechosos de terrorismo pudieron corromper a funcionarios policiales o judiciales.
Uruguay - Uruguay no padeció terrorismo internacional en 2001. Antes del 11 de septiembre Montevideo participaba en un esfuerzo para crear con países vecinos un grupo permanente de trabajo sobre el terrorismo. A partir del 11 de septiembre, Uruguay ha respaldado activamente varias convenciones e iniciativas regionales contra el terrorismo, dando atención particular a la zona trifronteriza, así como a su frontera común con Brasil.
Egipto solicitó a Uruguay la extradición de un sospechoso de terrorismo en un caso que se presentó ante las cortes de Uruguay en 2001. El acusado, al-Said Hassan Mokhles, es miembro de Gama'a al-Islamiyya (Grupo Islámico, IG)-, un grupo que tiene lazos con al-Qaida. Aunque la Corte de Apelaciones concedió su extradición, Mokhles ha apelado su caso ante la Corte Suprema de Uruguay. Mokhles fue apresado, acusado de cometer fraude de documentos, dado que sus posibles actividades con IG tuvieron lugar antes que llegara a Uruguay; no se sabe de la presencia de células de IG en Uruguay.
Venezuela - Luego de los acontecimientos del 11 de septiembre Venezuela se sumó al resto de la OEA en la condena contra los ataques, y las autoridades venezolanas trabajaron estrechamente con funcionarios de Estados Unidos para rastrear los bienes de los terroristas en el sistema financiero de Venezuela. Venezuela condenó el terrorismo, pero se opuso al uso de la fuerza para combatirlo.
La prensa informó ampliamente que Venezuela tuvo contactos con las FARC y el ELN y que puede haberles ayudado a conseguir armas y munición; los informes de prensa dicen también que se pasa por alto de modo intencional el cruce fronterizo ocasional de los insurgentes y las extorsiones cometidas por operativos de las FARC y el ELN contra ganaderos venezolanos.
En diciembre de 2001, Venezuela extraditó al ciudadano colombiano (y acusado de ser miembro del ELN) José María Ballestas, buscado como sospechoso de participar en el asalto de una aeronave de Avianca, en Colombia, en abril de 1999.
