El ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, sugirió ayer que el Ejecutivo tiene la intención expresa de tomar el control de una decena de empresas privatizadas, ya sea a través de la compra de acciones o de «decisiones políticas». Sin duda, esta segunda posibilidad es la que preocupa y genera mayor inquietud entre las empresas con intereses en la nación iberoamericana, entre las que se encuentran Repsol y Red Eléctrica de España.

Aunque con algunos rodeos, por aquello de guardar las apariencias, Villegas fue claro: el 51 por ciento será para el Estado y la parte que reste se negociará con las empresas, lo que significa que el Estado boliviano tendrá la última palabra en inversión, salarios y nombramientos de ejecutivos. La situación, como reconocen algunas de las empresas afectadas, es «muy delicada», porque entre el consenso y la imposición hay una delgada línea que el Gobierno de Evo Morales puede caer en la tentación de traspasar sin demasiados miramientos.