La Fiscalía de Nueva York investiga la intensa relación militar existente entre Venezuela e Irán, que incluye la venta de aviones no tripulados (el avión espía iraní «Mohajer») al Gobierno de Hugo Chávez, la instalación en el país caribeño de fábricas de pólvora y diversos productos químicos y la cooperación en el acceso a componentes de armamento. La investigación, que lleva casi dos años en marcha y aún no está cerrada, desvela la implicación de algunas de las principales compañías industriales iraníes de defensa, sancionadas internacionalmente por su presunta relación con programas de misiles.

Los envíos camuflados entre ambos países, las sospechosas transferencias financieras y la construcción en Venezuela a cargo de militares iraníes de instalaciones secretas han provocado el interés del Pentágono y del Departamento de Estado, según fuentes familiarizadas con la investigación. Washington quiere asegurarse de que Irán no utilizará a Venezuela como cabeza de puente para ningún tipo de represalia contra EE.UU. en el caso de que este país acabe atacando las plantas nucleares iraníes.

Entre las operaciones investigadas por la Fiscalía está la compra a Irán de hasta doce aviones no tripulados(drones) y la construcción de una supuesta fábrica de tales aparatos en la base aérea de Maracay. En noviembre de 2011, la Fuerza Aérea Venezolana mostró uno de los ejemplares adquiridos, un pequeño modelo bautizado como ANT-1X, e indicó que también se contaba con otro modelo no especificado. Se trata del Sant Arpía, nombre local para el «Mohajer» iraní, que Teherán también ha vendido a Hizbolá. Su uso es de vigilancia, aunque tambiénpuede guiar armamento hacia objetivos mediante láser.

La documentación de la operación financiera, a la que ABC ha tenido acceso, muestra transacciones que apuntan a posibles aspectos secretos en este proyecto llevado a cabo entre la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y la Aviation Industries Organization (AIO) del Ejército iraní.

La construcción de las instalaciones (dos hangares y un edificio de control) fue encargada por AIO a Comarven, propiedad del empresario Omar Flores, que habitualmente trabaja con Cavim. La obra quedó terminada en 2010 y por ella Flores cobró 2,4 millones de dólares, transferidos a su cuenta de una sucursal del Banco Santander en Valparaíso (Chile).

El coste de las instalaciones y el presumible no muy alto precio de los drones contrasta con los 28 millones de dólares que Cavim pagó a AIO, en una transferencia a través de Commerzbank en Fráncfort, utilizando un pago en dólares luego convertidos en euros que burlaba la vigilancia bancaria. Además de encargarse de las instalaciones, Omar Flores entregó material de construcción a los iraníes para que por su cuenta realizaran un proyecto paralelo de restringido acceso.

Junto a los hangares y otras construcciones, han podido contarse hasta 70 grandes contenedores, que podrían haber llegado como envíos civiles a Venirauto, empresa mixta de automóviles Venezuela-Irán, que curiosamente ha situado una sede a pocos metros del complejo militar de Maracay.

Tapadera para otro proyecto militar

No siempre hace falta cobertura civil en los envíos, ya que algunas vías son controladas de principio a fin. Como el trayecto entre Caracas y Teherán, vía Damasco, que cubre Conviasa, la línea aérea venezolona. Una de las facturas revela un cargamento enviado a Cavim por Kimia Sanaat, la filial de AIO que se encargó de la pretendida fábrica de drones (sancionada por el Consejo de Seguridad. Además, los propios iraníes, a través de su empresa de ingeniería IOEC (sancionada por la UE), operan un puerto en la península de Paraguaná.

La construcción de los hangares en Maracay pudo haberse hecho como tapadera para otro proyecto militar más sensible, dado que en realidad lo que iba a ser una fábrica de drones nunca ha tenido ese fin y durante un tiempo se ha usado como almacén de electrodomésticos para los programas sociales de Chávez. Una extraña explosión ocurrida en un edificio adyacente en enero de 2011 ha contribuido a alimentar las sospechas.

En Morón, donde Cavim tiene otra sede y está Petroquímica de Venezuela (Pequiven), los iraníes han puesto en marcha una fábrica de pólvora y otra de explosivos. También se encargan de un proyecto de reactivación de una planta de nitroglicerina y otro de mejora de una de nitrocelulosa. En todas esas iniciativas el socio de referencia es Parchin Chemical Industries, compañía con varias sanciones del Consejo de Seguridad por exportar productos químicos con posible uso para misiles balísticos.