López Obrador propone ignorar la autoridad del actual Gobierno, los dictámenes del poder judicial, además de la legitimidad del presidente electo, y quiere proclamar una especie de «convención nacional» y un «gobierno asambleario alternativo». En eso consiste más o menos un golpe de Estado, se haga por la fuerza de las armas o a través de bloqueos pretendidamente «cívicos», como el que hace ya más de un mes que mantienen sus seguidores.  

A estas alturas resulta innecesario seguir hablando de los detalles del proceso jurídico de convalidación de las elecciones, porque sencillamente no es por este camino por el que discurre su estrategia. El líder populista sólo quiere que le den la razón y que le entreguen la banda presidencial, y ya ha dejado claro que no está dispuesto a aceptar ningún otro dictamen, por justificado y apegado a la ley y la realidad que pudiera ser.

Con sus movilizaciones y amenazas pretende amedrentar a los jueces que antes del próximo miércoles deben emitir su veredicto sobre la validez de la elección y ratificar la proclamación del vencedor, aunque López Obrador ya ha anunciado que no aceptará ninguna otra decisión que no le dé la razón, lo cual pondrá a México ante una gravísima crisis política, por no hablar del modelo irracional de actuación política que podría cundir en otros países iberoamericanos en los que se agita la ola de populismo.

Como ha recordado en las páginas de ABC el candidato de la oposición democrática en Venezuela, Manuel Rosales, lo que pasa en México «es un buen ejemplo para Hugo Chávez, que apoyó activamente a López Obrador».

El fracaso electoral de éste ha de servir, a su vez, de impulso moral para el candidato único de la oposición venezolana y como prueba de que el populismo puede ser combatido y derrotado en las urnas. Seis años de clientelismo activo como alcalde de la capital y con el poder local en sus manos, lo que incluye a la Policía metropolitana, le permiten a López Obrador actuar al margen de la prudencia y en muchos casos de la legalidad.

Pero las instituciones democráticas deben sobrevivir a los ataques de las que son objeto: si el candidato derrotado insiste en desconocer la ley, no podrán seguir impasibles ante el desafío. Lo que está pidiendo López Obrador es que le den el poder, bajo la amenaza de hacer ingobernable la próxima legislatura. Ante esta actitud, la democracia mexicana no tiene más remedio que imponer las más elementales normas de convivencia usando todos sus recursos legítimos.