El proyecto no sólo trivializa la seguridad jurídica sino que se constituye en un ejemplo de la falta de ella.

Hay muchas razones para decir esto. Primero, la seguridad jurídica no se refiere única o principalmente a los impuestos. Concierne muchas más dimensiones que la de los impuestos, y, crucialmente, no incluye ninguna promesa de que los impuestos no serán aumentados. En los países desarrollados, que son reconocidos porque en ellos prevalece la seguridad jurídica, no existen provisiones en la constitución diciendo que no se subirán los impuestos jamás, y mucho menos que ciertas empresas estarán protegidas contra dichos aumentos mientras que otras no —ya que esto sería demostración de distinciones arbitrarias entre ciudadanos iguales que son precisamente la negación de la igualdad ante la ley, que es una de las bases de la seguridad jurídica.

La seguridad jurídica se refiere a la existencia y respeto de ciertos derechos fundamentales e inalienables de la persona, que incluyen, entre otros, el derecho a la libertad de acción, a la libertad de pensamiento y a la libre expresión, a la igualdad ante la ley, a la propiedad, a la inviolabilidad de la morada, a no poder ser condenado sin haber sido antes vencido en juicio, a elegir a los gobernantes, y al debido proceso. En ninguna parte encontrará usted un derecho a que no le suban los impuestos.

Lo que la seguridad jurídica tiene que decir con respecto a los impuestos es que si se suben o se bajan eso se hará de acuerdo a procedimientos democráticamente establecidos (el debido proceso) y no como resultado de actos arbitrarios de las autoridades.

Segundo, la ley causaría problemas jurídicos y económicos muy serios. Económicamente generaría ineficiencias muy grandes por la inequidad de los impuestos. Si esta ley se aprueba y en algún momento hay un aumento de impuestos, las empresas que no tienen acceso a la vacuna contra dichos aumentos terminarían pagando más impuestos que sus competidores que sí tuvieron acceso a ella.

El resultado sería aún más perverso. Con un criterio de tamaño mínimo de la inversión necesaria para adquirir el privilegio, las empresas pequeñas serían las que terminarían pagando más impuestos que las grandes. Jurídicamente, esto violaría el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Económicamente, esto violaría los principios más fundamentales de la competencia —subiéndole los costos a los pequeños con respecto a los grandes. Esto debería ser inaceptable para cualquier gobierno, mucho más para un gobierno que se dice socialista.

Tercero, la ley no atraería más inversiones de alto valor agregado ya que un empresario inteligente no invertiría en un país en el que la ley crea discriminaciones arbitrarias —lo opuesto de la seguridad jurídica. Si el gobierno es capaz de darle al empresario privilegios arbitrarios ahora, igual los puede dar a otros en contra de él en el futuro. No queremos empresarios que inviertan en un país si tienen privilegios aunque la población esté oprimida. Lo que se necesita para lograr que aumente la inversión no es dar privilegios a ciertos empresarios y a otros no, sino crear un ambiente estable de competencia en el que no existen privilegios para nadie sino derechos para todos.

Cuarto, y quizás más importante, la ley parece responder a la idea de que es sólo a los empresarios, y a los grandes entre ellos, que hay que darles seguridad, y que esa seguridad debe enfocarse en no subirles los impuestos. Esta filosofía es la que la gente identifica como la del régimen de Daniel Ortega, en donde, de acuerdo a lo que se dice, el gobierno deja que los empresarios hagan plata y no se preocupen por nada, con tal de que no se metan en política o pidan el respeto de otros derechos para ellos o para los demás. Eso es el privilegio de los esclavos a los que les dan acceso a una ración más.

Una vez establecido lo que es la seguridad jurídica podemos hacer varias reflexiones con respecto a ella. Primero, es importante notar que no es necesario crear nuevas leyes para que exista en el país. Nuestra Constitución ya establece los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad que son la base de dicha seguridad. Segundo, la seguridad jurídica no es divisible ni geográficamente, ni en términos de clases sociales ni en términos de ocupaciones económicas. O existe para todos y en todas las actividades, o no existe para nadie porque los límites de los derechos de unos los establecen los derechos de los otros. No se puede dar seguridad jurídica a los inversionistas sin al mismo tiempo darla a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a todos los pobladores del país, nacionales y extranjeros. Tercero, lo contrario de la seguridad jurídica es la arbitrariedad. Por eso, si el gobierno quiere reforzar la seguridad jurídica, tiene que refrenarse de cometer actos arbitrarios tales como erosionar la autoridad de la Sala de lo Constitucional, la guardiana de los derechos inalienables de los ciudadanos, o como negarse a dar información sobre sus actividades y el uso de los fondos de los contribuyentes, o como muchas otras arbitrariedades que comete o quiere cometer el gobierno mismo.

¿Qué puede hacer entonces el gobierno para promover la inversión?

En primer lugar, si el gobierno quiere mejorar la seguridad jurídica, debería de poner un mayor énfasis en evitar actos arbitrarios no sólo en las dimensiones que afectan la inversión directamente sino en todas las dimensiones de la vida nacional. No es correcto concentrarse en algún sector de la población para dar seguridad jurídica. Es un derecho que tenemos todos.

En segundo lugar, lo que los políticos deberían de entender es que lo que las empresas toman en cuenta para invertir no es el nivel de impuestos sino el balance entre dicho nivel y la calidad de los servicios públicos disponibles en el país. Hay mucha inversión en los países desarrollados, en donde los impuestos son altos, pero en donde los servicios públicos son excelentes. El gobierno debería, pues, poner énfasis en mejorar estos servicios.

En tercer lugar, el gobierno debería de estudiar los indicadores internacionales que están evidenciando un deterioro marcado en las condiciones de la inversión en el país. En las notas técnicas de estos indicadores se estipula claramente en donde están los problemas principales. Uno de los problemas más serios del país es la burocratización de los contactos entre gobierno y sector privado —incluyendo permisos, solvencias y otros documentos que se tardan eternamente y atrasan la inversión, causándole enormes costos innecesarios. Otro problema es el alto costo de la electricidad, que se origina en el deseo de hacer utilidades en las empresas estatales de electricidad para que el estado subsidie los precios de la electricidad misma. Es mejor tener electricidad barata que tenerla cara y luego subsidiar a los que la pagan cara.

Finalmente, los políticos deben dejar de ver a los a los empresarios como enemigos, y de pasar de atacarlos a mansalva en un momento a darles privilegios que no son aceptables en una democracia en el siguiente momento. Los empresarios no son ni más buenos ni más malos que los demás. Tienen el mismo derecho que los demás a que se les respeten sus derechos e, igual que los demás, no tienen derecho a tener privilegios. Es lo básico que hay que entender si se quiere promover la inversión.