Sin embargo, esta vez su presencia obedeció a otras razones. Más allá de mostrar el armamento, valorado en 1.500 millones de pesos, el Gobierno tenía la necesidad de demostrar que también hay acciones contra los llamados grupos emergentes de paramilitares, como las 'Águilas negras', responsables según las autoridades de los asesinatos de siete sindicalistas y de las amenazas contra 17 organizaciones y 60 miembros de ONG defensoras de los derechos humanos, ocurridos en marzo.

Esas muertes y esas amenazas son, precisamente, las que hoy tienen en jaque el TLC, y concentran la atención de la comunidad internacional. La situación, en realidad, presenta una mejoría, pero se ha enrarecido en los últimos meses y ha llevado a que también la Unión Europea, los países del G-24 y la ONU hayan expresado su preocupación y enviado mensajes en este sentido al Gobierno colombiano.

CAMBIO conoció algunas de esas comunicaciones que piden al Gobierno extremar las medidas de seguridad a los sindicalistas y defensores de derechos humanos, porque la violencia se manifiesta en prácticas como la desaparición y la amenaza. Después de las marchas del 6-M por las víctimas y contra el paramilitarismo, fueron asesinados siete sindicalistas y aumentaron las presiones que llegaron también a algunas embajadas, hechos que investigan las autoridades. "Estos actos atentan contra su legítima e importante labor; contra el Estado Social de Derecho y contra la construcción de la paz en todas las regiones del país -señala una comunicación del G-24, grupo de países donantes, fechada el 28 de marzo-. Se requiere que el Estado colombiano continúe y extienda las acciones que viene adelantando para esclarecer estos hechos y judicializar a los responsables".

"Son preocupantes las muertes y las amenazas y que provengan de organizaciones que aparecen después de la desmovilización -reconoció a CAMBIO Tomás Concha, del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República-. También hay preocupación de la comunidad internacional que exige que se investigue esa situación".

Pero las amenazas y muertes atribuidas al rearme no se pueden condicionar solo a la marcha del 6 de marzo. De acuerdo con una investigación de la Fundación Seguridad y Democracia, entre julio de 2006 y febrero de 2007 se registraron 78 casos de rearme de organizaciones delictivas que entraron a ocupar aquellos territorios donde hacían presencia las autodefensas ya desmovilizadas. Mientras que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz dio cuenta de 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes, de los cuales una parte importante son desmovilizados.

Paralelamente, el Gobierno aumentó los recursos para proteger a personas amenazadas. Fue así como el Congreso aprobó un aumento del 2.000 por ciento en la partida para el programa de protección, que pasó de 4.000 millones de pesos a 90.000 millones. Con estos recursos se está protegiendo, según el presidente Uribe, a 9.000 personas, entre ellas 1.900 sindicalistas.

Para la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, si bien es cierto el Estado ha prestado atención al problema de los sindicalistas, particularmente a través de brindarles protección, los magros resultados del sistema judicial revelan que es urgente adoptar acciones más decisivas. El organismo confirmó, además, que en algunos de los homicidios y amenazas denunciados ante esa oficina en 2007 la responsabilidad recayó en los nuevos grupos ilegales.

Hoy continúan esas presiones y según varias fuentes consultadas es posible que la aprobación del TLC no sea condicionada solamente a la protección de sindicalistas y a avances significativos en derechos humanos sino a que el Gobierno presente resultados contundentes contra los nuevos paramilitares.

"El Gobierno no reconoce el rearme paramilitar y habla de bandas emergentes, pero la marcha del 6 de marzo es solo uno de los casos de las amenazas -explicó Antonio Madariaga, director de la ONG Viva la Ciudadanía-. Las presiones y asesinatos vienen desde antes".

La presidenta de Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, Redepaz, Ana Teresa Bernal, lamentó que las intimidaciones se enviaran a las víctimas con su nombre y con una fotografía sobre su participación en la marcha. "Hay una persona de la red que figura en la lista de los amenazados", lamentó.

En este punto, Tomás Concha considera que para el Gobierno, más allá del rearme, la preocupación hoy es cómo proteger a estas personas en riesgo, investigar las denuncias y establecer quién está detrás de las muertes y las amenazas aunque los panfletos sean claros: "Águilas negras, el rearme".

399 SINDICALISTAS FUERON ASESINADOS en Colombia entre 2002 y 2007, según un informe de la Escuela Nacional Sindical. El año pasado los muertos fueron 26.