El sábado 21 de julio, en zona rural de Pital de Megua, en Baranoa, Atlántico, unos campesinos encontraron dos costales en cuyo interior estaban las extremidades inferiores de un hombre y una mujer. Las autoridades establecieron que los restos pertenecían a altos ejecutivos de la empresa de apuestas permanentes Unicat de Cartagena, de propiedad de Enilce López, La Gata, hoy detenida por lavado de activos y peculado por apropiación. En una zona vecina de donde hallaron los restos, y tras varios días de búsqueda, detectives del Das encontraron los troncos y las cabezas que hacían falta. 

En Caracolí, un par de días después, apareció el cadáver de un hombre con un machetazo en el cuello. Durante el levantamiento, los técnicos del CTI descubrieron que le habían llenado el estómago con piedras.

Mientras las autoridades adelantaban las investigaciones para esclarecer estos macabros hechos, fueron asesinados tres hombres ligados al mundo del arte cuando departían en una frutería en el norte de Barranquilla. El domingo 29 de julio, otro crimen aumentó la preocupación de los investigadores. Poco después de haber llegado a Barranquilla proveniente de Miami, un joven fue acribillado por sicarios motorizados que lo siguieron desde que salió del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las autoridades analizan las pruebas para determinar los autores y el motivo del crimen.

La ola criminal tiene conmocionado a Atlántico y según los  investigadores consultados por CAMBIO apunta a bandas del narcotráfico del Norte de Valle y ex desmovilizados de los grupos paramilitares que están librando una lucha de poder para reconquistar territorio. Las conclusiones se basan en el modus operandi y en que los asesinatos han sido selectivos, planificados y organizados. "Hay serios indicios de que grupos del interior del país quieren retomar esta tierra, que es un corredor estratégico para comercializar la droga -asegura uno de los investigadores-.

Y además estarían haciendo ajustes de cuentas por viejas deudas de negocios ilícitos".

Otras versiones apuntan a que ex combatientes de los paramilitares están jugando a dos bandas. Por un lado reciben el apoyo del Gobierno por su desmovilización y por el otro se someten a quienes les paguen por su servicio criminal. Informes de Inteligencia, conocidos por CAMBIO, señalan que algunos desmovilizados se están organizando en pequeñas bandas que se venden al mejor postor y que buscan obligar a sus antiguos compañeros a que se les unan a sus actividades criminales. Hace unos días, la Policía capturó a un sicario que confesó que había un grupo que estaba ofreciendo un millón de pesos a quien asesinara a un ex combatiente que se negaba a cooperar. "Ellos saben que los desmovilizados tienen un amplio conocimiento de estrategias de guerra, muy útiles a la hora de la reconquista de territorios", le dijo a CAMBIO un investigador.

Aunque en Atlántico se registró una tendencia a la baja en el número de homicidios en los primeros siete meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2006, -pasaron de 342 a 312  y en Barranquilla de 220 a 207-, la percepción ciudadana es que el peligro es mayor que hace un año porque los delincuentes han actuado con mucha crueldad para causar  mayor impacto.

El ambiente de angustia e impotencia se siente en las calles. La gente está atemorizada por los cuerpos encontrados con signos de tortura y descuartizados, producto de la sevicia con la que han actuado los delincuentes. El miedo es general y las autoridades están en alerta roja pues temen que el departamento se convierta de nuevo en campo de venganzas como las que vivió cuando el cartel de la Costa, al mando de Alberto Orlande Gamboa, El Caracol, resolvía sus diferencias con sierra eléctrica. "Las autoridades también tienen culpa de esta situación -dice Máximo Noriega, concejal de Barranquilla-. Ellos han contribuido con un silencio cómplice al no disponer de todo el aparato policivo e investigativo para combatir el fenómeno del paramilitarismo".

El pasado jueves el Alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, reaccionó, declaró el estado de emergencia y anunció inversiones por 5.000 millones de pesos para reforzar a la Policía con mejores herramientas y más hombres para frenar el baño de sangre. En próximas semanas entrarán también a operar unos escuadrones de persecución integrados por miembros del Ejército, la Policía y la Armada para desmantelar, capturar y judicializar a las nuevas bandas de criminales.

La ciudad de Barranquilla y los principales municipios del departamento de Atlántico han visto resurgir la industria del sicariato. El paramilitarismo, no cabe duda, sigue vivo y coleando.

EN SANTA MARTA

Si Barranquilla se ha visto sacudida por una reciente ola de violencia, Santa Marta no se queda atrás. El pasado lunes un escuadrón armado entró a un estadero entre las urbanizaciones El Parque y Santa Cruz, en el sur de la ciudad, asesinó a cinco personas y dejó heridas a otras cuatro. Varios hombres dispararon en repetidas ocasiones contra un grupo de amigos entre los cuales figuraba un desmovilizado paramilitar del bloque norte. La masacre se suma a otros crímenes contra desmovilizados en las últimas semanas en la capital de Magdalena, detrás de los cuales también estarían narcotraficantes y ex paramilitares.