Sin embargo, los mayores controles a las armas legales inciden poco en el problema de las ilegales que, sin duda, son más y las que mayor número de homicidios generan. Un estudio reciente de la Fundación Ideas para la Paz, en asocio con la investigadora belga An Vranckx de la Universidad de Gent, indica que por cada arma legal puede haber entre tres y cuatro ilegales, la mayoría de las cuales proviene del mercado negro y el tráfico internacional. En efecto, un análisis de las 18.051 armas entregadas por los grupos paramilitares en el proceso de desmovilización entre  2003 y 2006, revela que el 97 por ciento eran extranjeras, la mayoría procedentes de tráfico ilegal desde Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, China y países europeos como Bulgaria, Bélgica, Hungría y Alemania.

Varias preguntas y preocupaciones surgen del estudio. En primer lugar, queda en duda la efectividad de los mecanismos de control de exportaciones de armas de los países europeos. Desde comienzos de la década del noventa hasta hace pocos años, si bien esos países restringieron las exportaciones de armas ligeras a las fuerzas de seguridad colombianas por su reputación en materia de derechos humanos, durante el mismo período no lograron impedir la compra de grandes cantidades de armas por parte de los grupos paramilitares, reconocidos mundialmente por su participación en delitos de lesa humanidad. Pese a estar en la lista de terroristas de la Unión Europea, las Auc obtuvieron el 27 por ciento de su armamento de países del Viejo Continente.

En segundo lugar, surge una preocupación similar, aunque con matices distintos, con respecto a los Estados Unidos. A diferencia de Europa, la tenencia de armas se considera un derecho civil, lo cual explica por qué no existen grandes barreras ni controles a la compra de armas por parte de los ciudadanos. No obstante, como lo ha puesto en evidencia México en el marco de la guerra contra los carteles del narcotráfico, existen amplios vasos comunicantes entre la oferta legal de armas en los Estados Unidos y la demanda ilegal de las mismas en el sur del río Grande.  Así, buena parte de las armas que entregaron las Auc eran de origen norteamericano -cerca del 23 por ciento-, noticia poco grata si se considera que el siguiente país en la lista es Rusia con el 18 por ciento.

Estos y otros hallazgos desbaratan algunos mitos. El hecho de que menos del 4 por ciento de las armas de las Auc proviniera del Estado colombiano y más del 50 por ciento de mercados ilegales de Europa y Estados Unidos, le abre un boquete importante a la teoría sobre el apoyo estatal irrestricto a los paramilitares. Por otra parte, la idea sostenida por críticos del proceso con los paramilitares en el sentido de que la mayoría de las armas entregadas eran viejas, no se corresponde con los datos. Pero queda en evidencia que si bien las Auc entregaron gran número de armas, no lo hicieron con todas las que tenían.

Las conclusiones del estudio deberían estimular algunas reflexiones. Sucesivos gobiernos han apelado a la teoría de la 'corresponsabilidad' para conseguir recursos de cooperación internacional contra el narcotráfico. ¿No sería oportuno, entonces, echar mano de una lógica similar para enfrentar el tráfico de armas, un fenómeno que  además de estar estrechamente relacionado con el narcotráfico es literalmente letal?

Finalmente, el estudio muestra que existe una veta clave para explorar en la problemática de las armas de fuego y es impedir que lleguen a manos de los grupos armados ilegales.  En este sentido, como primer paso sugiere tener un registro único nacional sobre las armas ilegales decomisadas por el Estado, que permita hacer análisis sistemáticos para rastrear el origen y la ruta que han tenido las armas que se obtienen ilegalmente en Colombia. A partir de ahí se podrá avanzar con evidencia empírica sólida para establecer los necesarios mecanismos de cooperación con los países involucrados. 

Por María Victoria Llorente,
directora ejecutiva Fundación Ideas para la Paz.