Para colmo, por esos mismos días entrarán en vigor recortes en los gastos federales que afectarían a millones. Es una combinación potencialmente explosiva a la que expertos se están refiriendo con el mote lapidario de taxmaggedon. Una suerte de armagedón contributivo que, si no se enfrenta a tiempo, golpeará otra vez a la clase media, frustrará la lenta recuperación económica y precipitará otra recesión.

El Congreso, sin embargo, podría dar los primeros pasos para prevenir el desastre. Uno sería desechar por temeraria la llamada Ley de Recorte Tributario para los Pequeños Negocios que propone el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. Esta medida permitiría a la mayoría de los negocios pequeños deducir hasta 20% de sus ingresos en el 2012. El problema con ella es que resulta tan amplia que autorizaría recortes no solo a comercios sino también a cualquiera que gane más de $1 millón anuales y a una quinta parte de quienes ganan más de $200,000. Tengan o no negocios.

 Esto privaría al gobierno de $46 mil millones en el preciso momento en que se acerca a un despeñadero fiscal. Y lo haría bajo la dudosa presunción de que los comerciantes usarían los recortes impositivos para emplear más personas. En realidad, nuestros empleadores, grandes, pequeños y medianos, tienen pánico a aumentar sus nóminas debido a la incertidumbre económica y el comprensible temor de que en el país y en el extranjero no haya suficiente demanda para sus productos. La deducción propuesta difícilmente cambiaría ese estado anímico entre cauteloso y pesimista.

Mucho más prudente sería que los legisladores dieran el visto bueno a la Ley de Asistencia Tributaria y de Empleos para Pequeños Negocios que circulan los demócratas en el Senado. A diferencia de la anterior, la propuesta senatorial otorgaría incentivos de impuestos solamente a las compañías que contraten empleados durante este año. Esto por sí solo no resolvería los grandes retos económicos del gobierno federal, pero tampoco los agravaría. Y de hecho ensancharía la base de contribuyentes de impuestos.

Otro paso que podría dar el Congreso en la dirección correcta sería el tomarse en serio la llamada Ley de Pago Equitativo, popularmente conocida como la Regla Buffett. Esta medida, que lleva el nombre del billonario William Buffett, ajustaría a 30% los impuestos de quienes ganan al menos un millón de dólares anuales. Los republicanos la descalifican como un “subterfugio” y como un ejemplo de “redistribución socialista” y de la “lucha de clases” que supuestamente promueve el presidente Obama. Los senadores republicanos la acaban de torpedear. Pero la verdad monda y lironda es que restauraría cierto sentido de justicia tributaria al asegurar que ningún millonario pague una tasa de impuestos menor que la que pagan las familias de clase media; y que probablemente ayudaría a reducir el déficit federal al recaudar $47 mil millones durante 10 años.

La creación de un código de impuestos justo, equitativo y eficiente es una importante tarea pendiente de nuestra democracia. Esta semana el Congreso tiene la oportunidad de empezar a asumirla. La clave será que adopte propuestas razonables que realmente puedan contribuir a esa meta y deseche aquellas que se basan en preconcepciones ideológicas sin fundamento en la realidad. Sospecho, sin embargo, que no se adelantará mucho a menos que se forme antes un panel independiente de expertos que hagan recomendaciones que no puedan ignorar ni los republicanos ni los demócratas.

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