Gente incapaz de entender el bien común, las necesidades reales de los ciudadanos a los que ha jurado servir. Y de colocarse de verdad a su servicio. Un ejemplo particularmente escabroso es cómo los legisladores estatales de la Florida y sus recientes gobernadores se han dedicado, de manera sistemática, a crear un clima propicio a la violencia de las armas al tiempo que han socavado los programas diseñados para prevenirla, sobre todo los relacionados a la salud mental.

En un reportaje de esos que le echan pólvora al café dominical, el Herald documentó cómo nuestra legislatura estatal, con el beneplácito de varios gobernadores, especialmente el inefable Rick Scott, ha estimulado mediante incentivos de impuestos a empresas que fabrican armas como las que se usaron en las matanzas que han conmovido al país, a los fabricantes de violentos juegos de video y a realizadores de películas violentas. Colt Manufacturing Co., Kel Tec CNC y Adam Arms, entre otras, han recibido créditos de cientos de miles de dólares en los últimos dos años a cambio de crear un puñado de empleos. Son las mismas empresas que fabrican armas de asalto similares a las que emplearon los delirantes pistoleros que masacraron a decenas de inocentes. Y la pistola que usó el autotitulado vigilante, George Zimmerman, para matar al joven afroamericano Trayvon Martin. “Tecnología de precisión para el guerrero moderno” es el lema belicoso de una de esas empresas, que ahora rehúsa hablar con periodistas.

Lenguaje fanfarrón que no difiere mucho del que han utilizado nuestros políticos para justificar sus tratos irresponsables con los fabricantes de armas. Scott, por ejemplo, dice que los créditos impositivos “envían un claro mensaje de que la Florida está abierta a los negocios y a defender nuestro derecho a portar armas”. Inútil explicarle al personaje que el derecho a la vida de nuestros hijos y nietos es mucho más importante.

Una consecuencia de esta filosofía de gatillo alegre es que la Florida se ha convertido en un oasis para quienes rinden culto a las armas de fuego. Ningún otro estado ha otorgado tantos permisos para portarlas de manera oculta: más de un millón. Y gatilleros de otros estados con leyes más estrictas vienen al nuestro a adquirir armas o utilizan straw men o intermediarios para comprarlas, en una clara finta ilegal que nadie persigue con el debido celo. Lo único que tiene que decir el intermediario, si se le pregunta, es que le robaron el arma. Y todos tan panchos.

Por contraste, la legislatura, con la complicidad de gobernadores, ha ido minando de manera sistemática el presupuesto estatal para programas que previenen la violencia, especialmente los de salud mental y tratamiento a drogadictos. Desde 2006 la reducción ha sido del 30%, lo que ha convertido a nuestro estado en el número 49 en inversiones públicas en estos programas preventivos. No es raro, entonces, que la Florida padezca una de las tasas más altas de suicidios con armas de fuego. Mil 471 floridanos se mataron así en 2011. Lo extraño es que en nuestro estado no se hayan registrado masacres como las de Columbine, Aurora o Newtown. Pero es evidente que no ha sido por la previsión ni por el buen juicio de nuestros dirigentes políticos.

Los floridanos tenemos la obligación de escoger políticos responsables que entiendan el grave problema de la violencia con armas de fuego y que estén dispuestos a actuar en consecuencia. La cuestión es ¿quiénes son esos políticos? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cómo reconocerlos? La verdad es que no tengo respuestas a esas preguntas, salvo quizás esta: serían líderes que no confundan el derecho constitucional a portar armas con la idea absurda de que nada puede hacerse para prevenir el uso irresponsable, temerario y criminal de esas armas.