Como todas las instituciones con muchos miembros, dinero y poder, los sindicatos han cometido y cometen excesos que se deben denunciar y corregir. Esto requiere un perenne debate nacional, serio y ecuánime, sobre los salarios y beneficios que negocian los líderes sindicales para sus representados. Este debate se ha vuelto apremiante desde que estalló la Gran Recesión, la cual ha causado retos agudos e infranqueables hasta ahora a los gobiernos estatales, municipales y al federal. Pero el asalto a los sindicatos que promueven los nuevos republicanos va más allá. Su inspiración es ideológica. Y su objetivo final es quebrarlos y doblegarlos por la sencilla razón de que suelen alinearse con el partido rival de los republicanos, especialmente en las elecciones nacionales, y porque contribuyen grandes sumas de dinero a las campañas políticas demócratas.

Esto explica por qué los nuevos republicanos procuran que la verdad y los hechos no se interpongan en el camino de sus diatribas contra los sindicatos. Por ejemplo, ellos alegan que las pensiones generosas que reciben los trabajadores federales, estatales y municipales sindicalizados están causando los problemas presupuestarios. Pero la verdad es que los gobiernos federal, estatales y municipales apenas gastan en promedio 2.9 por ciento de sus presupuestos en las pensiones, según la Asociación Nacional de Administradores Jubilados, que ha realizado el estudio más exhaustivo y confiable sobre el tema. En comparación, los empleadores privados invierten un promedio de 3.5 por ciento a los fondos para pensiones de sus trabajadores, de acuerdo al Instituto para la Investigación de Beneficios de los Empleados, una organización no partidista. Los nuevos republicanos también alegan que los fondos estatales de pensiones están en quiebra. Pero un estudio del Servicio de Noticias de McClatchy concluyó que pueden durar otros 13 años incluso si no mejorase la situación económica del país.

Ideólogos y líderes republicanos promueven asimismo el infundio de que las nóminas gubernamentales continúan engordando, mientras aumenta el desempleo en el sector privado debido a la crisis económica. Pero la verdad es otra. La Oficina Federal de Estadísticas Laborales revela que, desde septiembre del 2008, el número de empleados gubernamentales en el país ha descendido de 19,978,000 a 19,385,000, una pérdida neta de 407,000 empleos. La propagación de una falsa versión sobre este tema tiene un objetivo especialmente alevoso: apelar al resentimiento de los millones de norteamericanos que han perdido sus trabajos o se han estancado en el subempleo en el sector privado. Esta estrategia temeraria ha surtido efectos limitados. He escuchado a algunas personas quejarse de lo ``mimados'' que están los empleados públicos. Las encuestas, sin embargo, sugieren que más del 60 por ciento de los estadounidenses apoyan a los trabajadores guberfnamentales en su lucha con los nuevos republicanos, como el gobernador de Wisconsin, Scott Walker.

rown y otros gobernadores y legisladores republicanos de varios estados se han lanzado a la yugular de los sindicatos públicos, exigiendo que renuncien o se les prive de ciertos derechos básicos, incluyendo el de negociar contratos colectivos. Si se salieran con la suya, el reloj de las conquistas laborales retrocedería mucho más de lo que ya ha retrocedido desde la presidencia de Ronald Reagan. Millones de empleados gubernamentales quedarían en el mismo desamparo en el que ya se encuentra la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado, donde apenas siete por ciento pertenece a sindicatos. Y todo para que un puñado de ideólogos irresponsables y manipuladores pueda ejercer de nuevo ``la horrible facilidad de destruir'' sobre la que nos adviertiera ominosamente, y por lo visto con escaso provecho, el viejo poeta Paul Verlain.