El secretario de Justicia, Eric Holder, y la ACLU coinciden en la identificación de los síntomas. Con nombres, apellidos y evidencias gráficas, videos incluidos, han documentado que la policía puertorriqueña usa fuerza excesiva y de manera injustificada; que en demasiadas ocasiones tira a matar, como si se tratase de una práctica deliberada; que reprime con violencia manifestaciones pacíficas, coartando en efecto la libertad de expresión de los manifestantes, como sucedió durante las protestas universitarias el año pasado; que se hace de la vista gorda cuando recibe denuncias de violencia doméstica y violaciones sexuales; que es cada vez más vulnerable a la narcocorrupción; y que sus mandos suelen coronar esta conducta entre depredadora y cafre con absoluta impunidad, es decir, sin perseguir ni castigar debidamente a los agentes descarriados.

A esa alarmante sintomatología habría que añadir otro síntoma que me describe un agente que prefiere mantener el anonimato. Algunos policías deliberadamente se demoran en responder a las balaceras cuando éstas tienen lugar en connotados puntos de droga, por ejemplo, en ciertos caseríos o barrios pobres y calientes de la zona metropolitana de San Juan. Prefieren que se cosan a balazos los malos y temen que éstos estén mejor armados que ellos. Es una práctica que padecimos los miamenses durante la violenta era de los vaqueros de la cocaína hace tres décadas. Como resultado, me asegura la ACLU, 1,700 policías puertorriqueños han sido identificados como corruptos o abusadores entre 2005 y 2010, cifra verdaderamente alarmante en una fuerza de 17,000 miembros, por cierto, la segunda más grande de Estados Unidos.

¿Cómo tantos de nuestros abnegados gorditos policías devinieron en pillos mejor dispuestos a servir al crimen que a combatirlo? Al igual que en cualquier otro estado, siempre hubo agentes corruptos en Puerto Rico. Pero el problema se exacerbó hace unos años, según me advierten algunos agentes, cuando el gobierno puertorriqueño, para afrontar una crisis fiscal, adelantó retiros, congeló salarios y redujo las prestaciones que recibían los policías. Para colmo, estos recortes coincidieron con el auge del narcotráfico en la isla, que ahora le sirve de puente hacia Estados Unidos a la droga que ya no puede cruzar por la frontera con México. Resentidos por lo que percibían como una injusticia del gobierno, decenas de agentes sucumbieron a las tentaciones de los narcos que están siempre dispuestos a pagar bien por vigilar cargamentos de drogas, deshacerse de rivales o simplemente por que se les deje traficar en paz.

Ahora aumenta el clamor de los puertorriqueños para que se limpie de corruptos y abusadores a su policía, para que los gorditos uniformados vuelvan a ser los agentes afables y corteses que velaban por la seguridad en los festivales, playas y moles y que ahuyentaban a unos malos que entonces ni siquiera portaban armas de fuego. El gobernador Luis Fortuño exige, con razón, que Estados Unidos envíe refuerzos federales para frenar el narcotráfico, fuente de buena parte de la corrupción policial. Durante demasiado tiempo Washington ignoró el problema de la policía puertorriqueña como si le fuera totalmente ajeno. La verdadera solución a largo plazo, sin embargo, sería aplicar normas específicas que eleven el profesionalismo de los policías puertorriqueños y mejorar las condiciones materiales de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas con frecuencia y que suelen ser las cabezas de sus respectivas familias. Una policía verdaderamente profesional es lo que se merecen los puertorriqueños que, bajo la Constitución, tienen los mismos derechos y protecciones fundamentales que el resto de los norteamericanos.

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