Pasó con los inmigrantes alemanes e irlandeses en el siglo XIX. Pasó con los inmigrantes italianos y judíos a fines de ese siglo y principios del XX. Y pasa con los inmigrantes hispanos desde 1950 y durante el siglo que corre. Pero a pesar del ruido y de la furia de los conservadores que resisten, nada ni nadie podrán detener completamente el mestizaje de Estados Unidos que es, por lo demás, y en distintas proporciones, el mestizaje de gran parte de este mundo globalizado que construimos.

La nueva ley antiinmigrantes de Arizona refleja en cierta medida los retos reales, aunque manejables, que para ese estado representa el ser la puerta de entrada al país de cientos de miles de indocumentados cada año. Entre esos retos sobresale la necesidad de acomodar en el mercado laboral y darles servicios públicos a los que deciden permanecer en Arizona. Pero la severidad de la ley también refleja los prejuicios y temores infundados de muchos habitantes de Arizona, los cuales fomentan demagógicamente ciertos políticos y otros líderes en ese estado.

Para muestra he aquí un par de botones. Durante 25 años de servicio público, la actual gobernadora de Arizona, Jan Brewer, nunca usó el tema inmigratorio como banderín. Lo enarboló por primera vez cuando se hizo candidata a la gobernación, luego lo excluyó significativamente de su discurso inaugural (ya había ganado) sólo para resucitarlo ahora que aspira a la reelección. El senador de Arizona John McCain promovió una sensata reforma migratoria hasta que se convirtió en precandidato republicano a la presidencia, ocasión en que desertó de manera abrupta de las filas reformistas. Pero respaldó la cruda ley antiinmigrante de su estado apenas una semana antes de su promulgación por temor a perder las primarias frente a un troglodita republicano, J. D. Hayworth, que ha atizado el miedo a los indocumentados durante su campaña y se ha acercado a cuatro puntos de McCain en las encuestas electorales.

Ante la burda manipulación política del tema migratorio, no es sorprendente que la mayoría de los votantes de Arizona apoye la nueva ley. Pero ésta constituye sin duda un ataque despiadado no sólo a los indocumentados, sino a los inmigrantes en general e incluso a todos los hispanos del estado, aunque algunos no se hayan percatado de ello. La medida los convierte sin excepción en blancos potenciales de la policía, a la que autoriza a detener y arrestar a personas que parezcan sospechosas de ser indocumentadas. También fortalece los castigos a quienes tiendan una mano a los indocumentados, ya sea dándoles empleos, vivienda o cobijo temporal. Aunque no lo diga la letra, el espíritu antihispano de la ley denota el temor recóndito e irracional de muchos residentes de Arizona a la fuerza potencial de los latinos en lo político, en lo económico y en lo social.

La respuesta adecuada a este ataque implacable, ciego y sordo debería ser la misma que han dado con éxito otras comunidades inmigrantes y étnicas que han sufrido discriminación y humillaciones en otros lugares y momentos de la historia de Estados Unidos. A corto plazo, líderes de los derechos civiles deberán retar en las cortes la constitucionalidad de la medida. Esta es, si se quiere, la parte más fácil: la ley, en definitiva, carece de validez porque la Constitución reserva para el gobierno federal la facultad de trazar la política migratoria del país. A mediano y largo plazo, los dirigentes hispanos deberán trabajar sin descanso en la inscripción masiva y la educación de votantes para reemplazar cuanto antes a los políticos que, por prejuicios o por demagogia, se han prestado a esta insensible campaña. En última instancia, el frágil poder político de los hispanos de Arizona allanó el camino a los promotores del asalto que hoy padecen.