Si gobernantes latinoamericanos se confabulan para legitimarlo, con el inconfesable propósito de imitar su mano dura llegado el caso, la familia Castro los pone a temblar con su espaldarazo a la nueva ola de expropiaciones de empresas extranjeras en la región. Y si los cantamañanas de turno ensalzan los “cambios” del raulato y arremeten contra el embargo, estalla algún que otro escandalillo que los pone en ridículo. Así sucede ahora con la revelación, en plena ofensiva contra las sanciones norteamericanas, de que esa familia con suerte entregó a presos cubanos, políticos y comunes, para que IKEA los usara como trabajadores esclavos.

Que el famoso fabricante sueco de muebles haya usado esclavos cubanos, alemanes orientales y norcoreanos en los 80, según denuncian medios europeos, no debería sorprender a nadie. A medida que van apareciendo documentos secretos en los países descomunizados, el breviario de podredumbre aumenta de manera exponencial y da una idea más precisa de lo que han sido y son los horrores del comunismo. El infame hallazgo se hizo en los anales de la temible Stasi. Y aún falta por hurgar en los de dos de las más antiguas tiranías leninistas que apadrinó sin saberlo el viejo Marx: China y Cuba. Lo sorprendente y lamentable es el escaso interés que han generado los archivos comunistas en el mundo libre, especialmente entre los medios e intelectuales de las democracias.

Sorprendente resulta, además, que tanta gente se indigne ahora por el uso de esclavos del castrismo hace 25 años y se oponga al embargo a Cuba, uno de los pocos mecanismos que combaten la esclavitud que hoy padecen millones de trabajadores cubanos. En efecto, en sus versiones recientes el embargo norteamericano penaliza a empresas que tienen negocios en Estados Unidos y en Cuba, donde utilizan mano de obra esclavizada. Esas compañías depredadoras explotan el hecho de que el único empleador oficial en la isla es el régimen castrista, dueño de por lo menos el 51% de todas las empresas mixtas; que el único sindicato al que pueden pertenecer los trabajadores cubanos también es el propio régimen; que carecen del derecho a la huelga o a cualquier otra forma de protesta laboral; que trabajan las horas que se les exijan –hasta 15 diarias en muchos casos– sin que se les pague tiempo extra; y que están obligados a pertenecer a organizaciones de masa y a participar en los eventos oficiales de la tiranía, incluyendo las misas que oficia el Papa de turno, esas mismas misas que ponen en blanco los ojos de los calambucos de Miami.

Un portavoz dice que IKEA investiga las denuncias que hicieran Franfurter Allgemeine Zeitung y el canal sueco de televisión SVT. Y asegura que la empresa coteja las denuncias con sus archivos de la época. Esperemos que así sea. Sentados. Pero por si acaso exijamos con firmeza que IKEA haga públicos esos expedientes. Y que ofrezca la debida indemnización a los esclavos o a sus familiares sobrevivientes, si se comprueba la validez de las denuncias. Estas revelaciones, de hecho, deberían estimular la creación de un banco de datos sobre los abusos laborales que cometen los gobiernos y empresas extranjeros que se asocian con el castrismo, no solo contra trabajadores en la isla, sino también contra los que el régimen ha bautizado con el eufemismo de “internacionalistas”.

La representante republicana de la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, ha prometido investigar las denuncias contra IKEA en la Cámara baja. Ese esfuerzo merece apoyo bipartidista. Y debería ampliarse para incluir otros testimonios sobre la vil explotación de los trabajadores cubanos. Un buen punto de partida sería mostrar en el Congreso dos documentales recientes que tratan el tema con elocuencia: Cubriendo Cuba 6: Curazao, de Agustín Blázquez, y Bajo el cielo cubano: El trabajador y sus derechos, de Carlos Montaner. Ambos ponen en evidencia uno de los más detestables legados del castrismo: la creación de una nueva modalidad de esclavo en pleno siglo XXI.

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