Flores señaló públicamente al presidente por violar a su hermana de 15 años, que además resultó embarazada, lo que provocó su detención.
Santos Sebastián Flores Castillo, el primer preso
político del régimen sandinista, murió el lunes pasado a los 52 años en la
galería de alta seguridad de la cárcel de Tipitapa tras permanecer ocho años
entre rejas. El prestigioso Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)
dio a conocer el fallecimiento, a la vez que exigía al Ministerio de
Gobernación y al sistema penitenciario una "investigación exhaustiva que
informe de las causas de la muerte".
Las autoridades del país centroamericano han mantenido un
silencio constante sobre este caso, que estalló ante la opinión pública en
2013. La gravedad de las acusaciones del fallecido, dirigidas directamente
contra Daniel Ortega, provocaron su detención: Flores señaló públicamente al
presidente por violar a su hermana de 15 años, que además resultó embarazada.
"Estoy encarcelado injustamente porque Daniel Ortega
Saavedra me odia a muerte. De gusto, sólo porque no estuve de acuerdo con la
relación de pareja cuando él convirtió en su mujer a mi hermana Elvia Junieth
cuando tenía 15 años", acusó el preso político ahora fallecido en una
carta que consiguió sacar de la cárcel. Una "relación" que habría
comenzado en 2005.
Elpidia Castillo, la madre de ambos, Santos y Elvia, ha
corroborado las acusaciones de su hijo desde su exilio en Estados Unidos. Toda
la familia huyó del país cuando estalló en escándalo, menos la propia Elvia
Junieth, que contrajo matrimonio con un hombre cercano a la pareja
presidencial, con el que ha criado al hijo del presidente, según confirmaron a
EL MUNDO fuentes conocedoras del caso.
El Cenidh, que presentó el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, denunció de forma reiterada que Flores
sufría torturas sistemáticas, tanto físicas como psicológicas. Lo mismo ocurre
con Marvin Vargas, antiguo militar sandinista, que comparte con Flores el
título de primer preso político de la revolución.
La Organización Mundial contra la Tortura protestó en su
día al Ministerio de Gobernación por la denegación de acceso a la Cárcel Modelo
de Tipitapa y por la falta de atención médica independiente para el preso.
"Ha muerto en la impunidad. Su muerte es
responsabilidad de Ortega, que en su momento fue preso político de Somoza y
ahora se ha convertido en el verdugo de los presos políticos, pero con mucha
mayor crueldad que Somoza. En Nicaragua se cometen torturas de manera masiva y
sistemática", constató para EL MUNDO Juan Carlos Arce, director del
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Los jueces sandinistas condenaron a Santos a 15 años de
cárcel por un delito de violación. "El presidente le mandó a prefabricar
el supuesto delito de violación que nunca sucedió, con la finalidad de
silenciar su voz", explicó Elpidia Castillo en su denuncia ante el Cenidh.
La madre de Santos asegura que a su hijo le practicaban
torturas diarias y que recibía amenazas de muerte de los funcionarios, quienes
le gritaban que "sólo estamos esperando órdenes superiores".
Los Chunguitos se separan: "Cosas que pasan en la
vida, como ha pasado con tantos grupos"
Una vez más llueve sobre mojado. Zoilamérica Narváez,
hija de Rosario Murillo e hija adoptada por Ortega, denunció a su padrastro por
cometer abusos sexuales y violaciones contra ella en el hogar familiar desde
que tenía 11 años. El expediente del famoso caso Zoilamérica también reposa en
la corte de derechos humanos, tras ser rechazado en los tribunales
nicaragüenses. Ella es la única hija que no forma parte del clan familiar
creado por los ahora copresidentes de Nicaragua, que supone el reparto de
poder, negocios petroleros, medios de comunicación, recursos del Estado y demás
prebendas entre sus ocho hermanos.
Narváez se encuentra exiliada en Costa Rica, al igual que
buena parte de los familiares de presos políticos que en las últimas horas han
alzado su voz contra los graves insultos emitidos por Ortega contra los capturados
por el régimen sandinista. "Nos preocupa que estos nuevos insultos
("hijos de perra del imperialismo yanqui") sean interpretados como
una orden de ejecución para que funcionarios policiales y penitenciarios se
sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política contra
personas presas", advirtieron en un comunicado.