El izquierdista Pedro Castillo puso fin a su presidencia con un fallido intento de golpe de Estado en Perú. Poco después de ser detenido, AMLO le ofreció asilo. Expertos explican los posibles escenarios para Castillo.
El 7 de diciembre de 2022 pasará a la historia en Perú
por el fallido autogolpe de Pedro Castillo, al mismo estilo del
expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. La diferencia es que
Fujimori tuvo de su lado a las Fuerzas Armadas y a un partido político para
mantenerse en el cargo hasta el año 2000, mientras que a Castillo no solo los
militares le dieron la espalda, sino también sus propios ministros, quienes
fueron renunciando minutos después de que el expresidente anunciara la
repentina disolución del Parlamento, y terminara, en cuestión de horas, preso.
Por el momento, el Poder Judicial ha ordenado siete días
de detención preliminar contra Castillo, como parte de una investigación
inicial que se le sigue por el presunto delito de rebelión. El juez supremo
Juan Carlos Checkley accedió al pedido de la Fiscalía, alegando que la medida
era necesaria para realizar pesquisas orientadas a, entre otras cosas,
identificar qué otros funcionarios participaron en el presunto delito de
rebelión.
Asimismo, para evitar el riesgo de que Castillo se fugue
al extranjero, citando la intención de este de ir a la embajada de México en
Lima al momento de su detención. Precisamente, el presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), ha confirmado que Castillo lo llamó por teléfono
para pedirle asilo y ha reiterado su intención de brindarle esa protección.
Pero, ¿es posible que la Justicia peruana le deje a Castillo el camino libre
para un exilio mexicano? ¿Qué le espera al maestro rural en términos judiciales?
Mínimo dos décadas en prisión
"Un asilo no es posible. Ya existe un proceso legal
de la Justicia peruana. Otra hubiese sido la circunstancia, si es que Castillo
lograba entrar en la embajada mexicana”, explica a DW desde Lima el abogado
penalista Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL). En ese
sentido, el ofrecimiento de AMLO, cree el especialista, parece más bien para
"las tribunas y una determinada comunidad internacional''.
En esa misma línea, el politólogo peruano José Alejandro
Godoy recordó los lazos estrechos que ha habido entre ambos dirigentes
izquierdistas: "López Obrador ha tenido una relación cercana con Castillo.
Es básicamente una relación padre-hijo”. De lo que Castillo debería estar
realmente preocupado son las dos décadas, como mínimo, que podría pasar en
prisión. "Es probable que, después de los siete días de detención
preliminar, Castillo reciba 36 meses de prisión preventiva”, afirma el jurista
Rivera Paz.
Algo que, desde su punto de vista, no sería necesario,
porque Castillo fue detenido en flagrancia. "Es decir, hay evidencia
palpable y concreta de que se ha cometido un hecho delictivo y, en estos casos,
incluso, existe la posibilidad de que las personas sean condenadas en 48
horas”, detalla el especialista. En todo caso, "por los delitos de
rebelión y sedición que le ha imputado la Fiscalía por violar el artículo 117
de la Constitución, Castillo podría recibir una condena de hasta 20 años de
cárcel”, afirma Rivera Paz.
Qué dice la Constitución
Según el artículo 117 de la Constitución peruana, el
presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por
traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales,
parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso -salvo
en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución- y por impedir su
reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros
organismos del sistema electoral.
En la excepción que da el artículo 134, el presidente
solo tiene la potestad de disolver el Parlamento, si este ha censurado o negado
su confianza a dos gabinetes ministeriales, cosa que no había sucedido. Es por
ello que, poco después del anuncio de Castillo en televisión nacional, el
Tribunal Constitucional calificó como "golpe de Estado” el cierre del
Congreso, aclarando que "nadie le debe obediencia a un gobierno
usurpador”.
En seguida, el TC exhortó al Parlamento a "actuar
conforme a sus atribuciones y competencias” e hizo un llamado a la
vicepresidenta, Dina Boluarte, para que asumiera el gobierno de la nación.
Además, convocó a la Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional a
"actuar conforme a ley y proceder contra quienes se han puesto al margen
de esta”.
Suicidio político
De ese modo, el Parlamento procedió a destituir a Pedro
Castillo mayoritariamente por
"permanente incapacidad moral”, según lo establecido en la Constitución.
Sin embargo, para ese día, ya se tenía planeado votar en el hemiciclo, por
tercera vez, una moción de destitución contra el expresidente. Dicho pedido
inicial de vacancia se basaba en investigaciones fiscales como organización
criminal, tráfico de influencias o colusión.
Pero Castillo calculó mal antes de su anuncio, porque no
habrían existido los votos necesarios para destituirlo. "Esto ha sido
claramente un suicidio político”, opina el politólogo Godoy, y señala al
entorno más cercano de Castillo. "Todo indica que la hasta entonces
presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el expremier Aníbal
Torres fueron su principal soporte”, sostiene.
"Castillo va a ser seguramente condenado por los
delitos de quebrantamiento del orden constitucional y aparte están las
investigaciones por corrupción”, dice el abogado penalista Rivera Paz. Desde
hace algunos años, en Perú, se permite la acumulación de condenas. "Por
ello, además de la pena por rebelión, es probable que por el caso de
organización criminal sea condenado hasta 30 años más”, afirma Rivera Paz. Pero
eso no significa que Castillo pasará 50 años en prisión, aclara el
experto, "porque la acumulación de las penas tiene un máximo de 35 años”.
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