Las protestas contra la minería en la región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, degeneraron el jueves en violentas protestas, que incluyen la toma de la sede de la oficina de Contralaría y la retención de 14 funcionarios, afirmó el jueves el contralor general de Perú, Fuad Khoury.

El contralor se comunicó con el canal N de televisión para denunciar que los manifestantes “han entrado a robar documentos y los están quemando”, en la ciudad de Puno, la capital regional.

“Estoy muy preocupado”, señaló para luego decir que 14 de sus trabajadores están en condición de rehenes y que la oficina estaba desprotegida porque la policía y las fuerzas armadas se habían retirado de la zona.

“Las protestas no nos dan licencia para ir en contra de la ley, se deben realizar sobre la base del respeto”, aseguró.

Las protestas en Puno, unos 1,000 kilómetros al sur de Lima, seguían el jueves tras el fracaso del último intento de alcanzar un acuerdo entre el gobierno y los huelguistas, cuya solicitud de que no exista minería en la zona fue calificada de “despropósito constitucional” por el presidente Alan García.

Según informó el ministerio de Energía y Minas, el diálogo iniciado el miércoles se rompió tras siete horas de negociaciones a raíz de que la comisión enviada por el Ejecutivo a la zona no accedió a los reclamos de los pobladores, que mantienen una huelga desde el pasado 9 de mayo.

Con la suspensión del diálogo, los huelguistas regresaron el jueves a las protestas y bloqueos de carreteras, incluido el puesto de Desaguadero, principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia.

Aunque en algunos puntos sí se llegó a un acuerdo entre las partes, la exigencia de una norma que cancele las concesiones mineras en el sur de Puno provocó la ruptura de las negociaciones y la decisión de los huelguistas de continuar con las protestas.

Por su parte, los representantes aimaras, etnia predominante en esa región del país, que formaron parte de las negociaciones consideraron que la comisión enviada para entablar el diálogo carece de capacidad resolutiva.

Tras la suspensión del diálogo, según confirmaron fuentes policiales de la región, también continúa el cierre de los comercios de la zona, así como de los colegios.