Las empresas extranjeras que operan en Bolivia deberán entregar toda su producción a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y regularizar en menos de 180 días sus actuales contratos. "Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras", dijo Morales tras leer el decreto en una población del sureño departamento de Tarija. La medida afecta a una veintena larga de compañías extranjeras, en particular a la española Repsol, la francesa Total y la brasileña Petrobras. Bolivia posee las segundas reservas de gas de Latinoamérica, sólo inferiores a las de Venezuela.

La decisión de Evo Morales -el primer presidente indio de Bolivia- se interpreta como una huida hacia delante para frenar la oleada de demandas sociales tras sus cien días en el poder. En espera de conocer el alcance de la medida, la vía nacionalizadora emprendida ahora confirma que Morales ha optado por seguir el camino populista y radical del venezolano Hugo Chávez, de quien se declara seguidor, frente al modelo de izquierda más moderada del brasileño Lula da Silva, que ha sabido respetar las reglas de la economía de mercado y ganarse la confianza de los inversores internacionales.

El Gobierno de Evo Morales, en consecuencia, puede estar arruinando su crédito exterior, factor esencial para que Bolivia sea capaz de generar riqueza y distribuirla con equidad. No sólo porque la seguridad jurídica es una condición esencial para mantener la confianza del capital extranjero, sino también porque el hecho de que el Estado boliviano se convierta en propietario de las empresas privatizadas no supone a priori garantía alguna de que se gestionen mejor ni de que creen mayor riqueza para el país, como se han encargado ya de demostrar otras experiencias similares.