Además acusa de complicidad a sus últimos ministros de Defensa e Hidrocarburos. El fiscal del caso ha declarado que con la publicación de este decreto se trasladará la orden de la policía boliviana a la Interpol ya que los tres residen en EE UU. La orden dictada por la Corte señala que Sánchez Lozada, que presidió el país desde 1993 hasta 1997 y desde 2002 hasta 2003, y los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzáin y de Hidrocarburos Jorge Berindoague han sido declarados en rebeldía por lo que emite “el mandamiento de aprehensión”.

Sánchez de Lozada está acusado de genocidio por la muerte de 63 personas en la represión de protestas ocurrida a finales de 2003 contra un proyecto para exportar gas a Estados Unidos por puertos de Chile, y de otros ocho delitos. El ex gobernante y sus dos ex ministros, acusados de complicidad, viven en EE UU tras renunciar a sus cargos el 17 de octubre de 2003, y desde entonces no han asumido su defensa en el proceso que la Fiscalía planteó a la Corte Suprema. La acusación fue presentada en 2003 por el entonces diputado Evo Morales, ahora presidente de Bolivia.

El edicto de la Corte Suprema, además, ha ordenado la publicación de los datos personales de los imputados "para su búsqueda y aprehensión", y el registro hipotecario de sus bienes en Bolivia. También ha designado a tres abogados públicos para su defensa, y agrega que la declaración de "rebeldía" interrumpe la posibilidad de que prescriban los delitos que se les imputan.

El fiscal Mendoza ha explicado a Efe que el próximo paso consistirá en que la Corte Suprema pida la cooperación de la justicia estadounidense para que se ejecuten las órdenes de busca y captura.Mendoza se ha declarado satisfecho con el avance del proceso, que estaba detenido porque el Departamento de Estado de EEUU nunca entregó a los acusados las notificaciones del juicio, pese que Bolivia hizo esa solicitud en julio de 2005. El presidente Morales ha criticado numerosas veces al gobierno de EE U por no colaborar con la justicia boliviana.