En el llamado Campo Algodonero (un descampado a las afueras donde se apiñan las maquilas, factorías de ensamblaje que han dado trabajo a miles de mujeres de todo el país desde los años setenta) hay más cruces: las de otras víctimas cuyos cadáveres fueron abandonados en este predio de tierra seca. Como abandonadas por la justicia fueron sus causas y las de casi otras 500 infortunadas desde 1993.

David Salas, uno de los abogados que argumentaron la acusación, señala a ABC.es que estos tres casos son “emblemáticos dentro de lo emblemático que es Ciudad Juárez”, pues cumplen con todas las características de los feminicidios: “Privar de libertad a una niña, desaparición, tortura, abandono de los cadáveres, fabricación de culpables, impunidad de los responsables... Esta sentencia es una victoria moral para todas las víctimas, aunque en ella no figuren sus nombres y apellidos”.

Las autoridades mexicanas han acatado la condena y, en su defensa, alegaron que “a partir de 2004 se subsanaron plenamente las irregularidades”. “Nosotros hemos reconocido que ha habido cambios en el sistema de justicia y otras acciones del Estado, pero eso tampoco ha servido. De hecho, algunos de esos avances han provocado mayores retrocesos”, dice el defensor de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Josefina González, madre de Claudia, celebraba con lágrimas en los ojos: “Estoy muy contenta, pero vamos a seguir luchando por las demás mamás que siguen sufriendo. Sé que no van a hacer nada, pero, ¡qué vergüenza para las autoridades!...”.

La violencia vinculada al narcotráfico (en Ciudad Juárez han sido asesinadas desde enero más de 2.400 personas) ha impedido documentar nuevos casos de feminicidios (más de cien en 2008, en datos de la doctora Julia Monárrez, de El Colegio de la Frontera Norte). “Antes aparecían cinco niñas ahorcadas, y no pasaba nada; hasta que la presión social hizo que se empezara a investigar. Ahora, si aparecen niñas con heridas de AK-47, los criminales ven que no pasa nada: se han acomodado al patrón de impunidad”, explica el letrado.

¿Tendrá el Estado la capacidad de afrontar el problema?

“Creemos que sí. Esta sentencia es una ventana (más que una puerta) para cambiar actitudes. El problema es principalmente de prevención, y no sólo de la lógica policial que ha empleado el Gobierno federal”, dice Salas.

El ministro de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció la puesta en marcha de programas sociales para enfrentar con un nuevo enfoque la violencia y “reconstruir el tejido social”. Según Salas, “es una declaración políticamente correcta, pero no tiene fondo ni base real.

Es incongruente que diga eso cuando su principal acción de seguridad (el despliegue del Ejército) ha trastocado el propio sentido social de convivencia. Es una maniobra de distracción para evadir el fracaso de su plan y no quedar como un Estado fallido”.