Venezuela ha vuelto a salir malparada en el último informe anual sobre política global antinarcóticos, que el Departamento de Estado ha entregado al Congreso estadounidense. En el país del Orinoco, según el documento, se constata un «fracaso demostrable» en sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. El informe sostiene que en su territorio operan los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las dos principales organizaciones criminales del país, así como las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN.

«La inconsistente cooperación internacional antinarcóticos, unas fuerzas de seguridad generalmente permisivas y un ambiente político corrupto han hecho de Venezuela una de las preferidas rutas de tráfico de cocaína desde Suramérica», a lo que contribuyen «la porosa frontera occidental con Colombia y el débil sistema judicial», denuncia el reporte.

De acuerdo al análisis de EE.UU., «la mayoría de los vuelos sospechosos parten de los estados fronterizos con Colombia y casi todas las avionetas que aterrizan en Honduras, el principal foco de tráfico de droga aéreo de Centroamérica, proceden de Venezuela. Pese a disponer de recursos, la investigación eficaz de los narcotraficantes en Venezuela se ve dificultada por la corrupción y la falta de independencia judicial», además de que «elementos de las fuerzas de seguridad han dado asistencia a estas organizaciones narcotraficantes».

«Recursos adicionales»

Washington se queja de la escasa colaboración de Caracas, «limitada y continua sólo caso por caso». Sin embargo, reconoce la mayor cooperación con su vecina Colombia, de donde procede el 95,5 por ciento de la cocaína incautada en Estados Unidos. Bogotá habría hecho «avances significativos» en el control de la producción y exportación, pero ese progreso «no es irreversible», por lo cual «deberá destinar recursos adicionales [...] para mejorar la seguridad, la provisión de servicios públicos, construir infraestructuras y generar más oportunidades económicas en las regiones históricamente influidas por el terrorismo», para lo cual necesita «un apoyo continuado del Gobierno estadounidense».

Centroamérica es el principal punto de paso de alijos, pues el 80 por ciento de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a Estados Unidos hace escala allí, principalmente en Honduras y, en menor medida, Guatemala. Precisamente, los mandatarios centroamericanos acordaban esta semana analizar vías alternas de lucha contra las drogas, incluida su despenalización, tras una Cumbre en la que participó el vicepresidente estadounidense, Joe Biden.

Avances en México y Bolivia

En cuanto a México, el Departamento de Estado reconoce que se han dado «pasos sin precedentes» para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, pero las autoridades estatales y locales «siguen siendo vulnerables a la corrupción». El Informe Anual de Narcóticos Internacionales se hace eco del golpe que la severa sequía que sufre México desde 2010 ha producido en el cultivo de amapola y marihuana. «Las prolongadas condiciones de sequías, temperaturas de frío récord e incendios extendidos durante la primavera y a principios del verano de 2011 pronostican una merma» aún mayor.

Respecto a Bolivia, en el estudio enviado al Capitolio se responsabiliza de los escasos progresos en la materia a la expulsión en 2008 de los agentes de la DEA (agencia estadounidense de lucha antinarcóticos), aunque reconoce avances en la erradicación de cultivos de coca.

Falta de coordinación

Y en Perú, país con «el mayor potencial mundial de producción de cocaína pura», los esfuerzos están lastrados por falta de «coordinación efectiva y consistente» entre el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.