La diplomacia estadounidense alertó a Washington entre 2010 y 2012 sobre la incapacidad de las autoridades mexicanas para enfrentar la violencia del narcotráfico. Según informes desclasificados esta semana a instancias de la organización no gubernamental National Security Archive, los cárteles de la droga contaban con la complicidad e incluso la colaboración activa de altos funcionarios en los tres órdenes de Gobierno. «Los agentes de migración y las autoridades locales miran hacia otro lado y, en ocasiones, colaboran con los criminales», se afirma en los informes. Las sospechas llegan a salpicar a tres exgobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, a quienes en su día la Fiscalía mexicana llegó a abrir expediente.

Según revela la revista «Proceso», estos documentos, elaborados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios, análisis y notas de prensa, confirman lo que ya señalaron las confidencias hechas públicas por Wikileaks: la debilidad del expresidente Felipe Calderón ante una guerra contra el narcotráfico que tanto la ciudadanía mexicana como los propios funcionarios estadounidenses consideraban un detonante de mayor violencia. Calderón habría llegado al punto de solicitar ayuda al país vecino para salvar su popularidad, por los suelos a causa de su estrategia «militar» en la lucha contra el crimen organizado.

El panorama que describen las notas es el de un país en manos de la delincuencia: «Los cárteles operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Obstruyen los caminos, toman el control de pueblos y acorralan a los soldados y fuerzas federales que están en sus territorios. Ocho de cada diez empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez pagan extorsión a los grupos criminales».

Matanzas de emigrantes

Obtenidos al amparo de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA), los reportes que ahora ven la luz aseguraban que «las autoridades mexicanas han intentado minimizar los crímenes del narcotráfico y su responsabilidad para resolverlos». Los analistas estadounidenses subrayaron las matanzas de emigrantes centroamericanos en Tamaulipas como ejemplo emblemático de la «total impunidad» con la que los cárteles operan en varias regiones del país. El Gobierno mexicano habría estado al tanto de estos crímenes, atribuidos a Los Zetas, desde mucho antes de la masacre de 72 emigrantes en agosto de 2010 y del hallazgo, un año más tarde, de fosas comunes con cerca de doscientos cadáveres en la localidad de San Fernando.

«La violencia que se ha extendido por Tamaulipas refleja la complejidad del conflicto. Los funcionarios regionales minimizan la violencia pese a que conocen bien los riesgos que existen en el área. Pese a que no es publicitado, el Ejército y la Marina han continuado hallando fosas con cadáveres: La cuenta se eleva a 196», señalan las informaciones. Éstas también dan cuenta de la incapacidad del Estado para procesar a los criminales detenidos: «Si bien ha habido varios arrestos, hay muy poca información sobre los procesos judiciales de los narcotraficantes arrestados». Dicha incapacidad es atribuida a «la corrupción generalizada».

Silencio mediático

Durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, la «guerra contra el narcotráfico» se cobró alrededor de 70.000 vidas, según cifras oficiales. Tras la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, los medios de comunicación prácticamente han eliminado las noticias relacionadas con la violencia. Las actuales autoridades sostienen que al privilegiar las tareas de inteligencia sobre la confrontación armada, los homicidios vinculados al crimen organizado se redujeron un 26 por ciento en los últimos diez meses, según informó ante el Senado el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin embargo, los datos que da a conocer el Gobierno (y que en los últimos meses no especifican los homicidios vinculados con delitos federales) y la metodología para obtenerlos han sido muy cuestionados. Así, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) proyecta que al término de la gestión de Peña Nieto se alcanzaría la cifra de 125.000 asesinatos, un 50 por ciento más que a la conclusión del sexenio de Felipe Calderón.