Desde 1999 ha retorcido las leyes en su propio beneficio y ha modificado hasta el sistema electoral.
En su camino hacia un Estado totalitario, Hugo Chávez nunca engañó a nadie, salvo a quien quiso dejarse engañar. «El proyecto sociopolítico que se ha intentado implantar en el país nació a partir de una intentona golpista y con una visión utilitaria de la vía electoral. Ante el fracaso de la vía golpista, las elecciones surgieron como un camino posible y conveniente, pero asumido sin el consecuente compromiso con las reglas del juego democrático y el respeto al pluralismo y al estado de Derecho», resume Miriam Kornblith, investigadora de la Universidad Central, en «Elecciones y referendos en Venezuela».
El mismo parto de la Constitución Bolivariana ya necesitó de fórceps legales: desde la propia convocatoria de un referéndum para instalar una Asamblea Nacional Constituyente (atribución que se disputaban el presidente y el entonces Congreso bicameral) hasta la naturaleza «originaria» de ese nuevo cuerpo legislativo, que acabaría por disolver el Parlamento elegido menos de un año antes. El Supremo resolvió a favor de Chávez lo que este había calificado de «leguleyadas» que frenaban su proyecto, hasta entonces bautizado sólo como «bolivariano».
Tras el agotamiento de cuarenta años de gobiernos bipartidistas de Copei y AD, surgidos del Pacto de Punto Fijo, Chávez parecía contar con el apoyo casi unánime de la población. Pero, «a pesar de las apariencias, el caudal electoral del gobierno era limitado, recuerda Kornblith. En todos los procesos efectuados en 1998 y 1999, la votación a favor del presidente se ubicaba en alrededor de un tercio del electorado(...), escaso frente al ambicioso propósito de «refundar la república». Ello llevaba a la necesidad de maximizar esos votos, transformando el 33 por ciento del apoyo electoral en un volumen próximo al cien por cien de los cargos públicos».
El culmen de esa subordinación de la legalidad llegaría al morir 1999, con el país inmerso en la tragedia de Vargas. El 15 de diciembre, mismo día en que las lluvias torrenciales se cobraban decenas de miles de vidas en ese estado vecino de Caracas, los venezolanos habían aprobado en referéndum la nueva Constitución. Hasta su entrada en vigor a final de año, tras publicarse en la Gaceta Oficial, la Asamblea aprovechó ese limbo jurídico para destituir a todos los titulares de los poderes públicos «y los sustituyó por nuevas autoridades identificadas con el oficialismo».
Uso y abuso institucional
Ese uso y abuso de las instituciones se mantendría tras las legislativas del año 2000 y, sobre todo, después de las de 2005, en las que la oposición rehusó participar dejando el camino expedito al rodillo chavista. En sus once años de presidencia, Chávez ha contado con tres leyes que le han permitido gobernar por decreto durante 36 meses, en los que se aprobaron más de un centenar de leyes que incluyen la nacionalización petrolera, la reforma agraria, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la descentralización a favor de las regiones en manos chavistas o leyes mordaza contra los medios de comunicación opositores.
Ahora, el PSUV (partido creado por el propio Hugo Chávez para poner en marcha su «socialismo del siglo XXI») pretende retener dos tercios de los 165 diputados de la Asamblea. Y, en el peor de los casos, los 99 votos necesarios para aprobar la «Ley Habilitante». Para ello ha vuelto a retorcer la ley, a través del dócil Consejo Nacional Electoral, en el que ha colocado adeptos. «La reforma de 2009 a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con la que se modificaron las circunscripciones, desfavorece a los estados controlados por la oposición y podría ocurrir que con un 50 por ciento de los votos la oposición sólo alcanzara un 39 por ciento de los diputados», explica el director de Ojo Electoral, Carlos Genatios.
La seguridad, en manos del Ejército
Desde las seis de la madrugada de este viernes y hasta el próximo martes, 250.000 funcionarios del Plan República resguardan los 12.436 centros de votación dispuestos para las elecciones parlamentarias de este domingo. Los militares tienen la misión de garantizar la preservación del material electoral y asegurar la integridad de la población. Para ello, «actuarán contundentemente contra aquellos que intenten violar nuestras leyes (y) si tenemos que cerrar las fronteras para garantizar la seguridad de los electores, lo haremos», anunció el ministro de la Defensa, Carlos Mata Figueroa. El rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Humberto Castillo, especificó que la plantilla electoral suma más de 500.000 personas. Casi 18 millones de ciudadanos están convocados a votar.
