Con noventa asesinatos al año por cada 100.000 habitantes, pocos sucesos sobrecogen a Honduras. Lo ha conseguido el secuestro y muerte de nueve menores en la ciudad más violenta del país más violento del mundo, San Pedro Sula, donde la macabra tasa de homicidios se duplica: 187. La corta edad de los niños y la saña con la que fueron asesinados ha interesado a la prensa, indignado a la población, movilizado a las autoridades y puesto en entredicho la política de seguridad del nuevo presidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández.

Las alertas se dispararon tras la aparición del cadáver de Antony Castellanos, un chaval de 13 años de la colonia La Pradera secuestrado y asesinado con siete tiros en el rostro. Apenas 24 horas después, su hermano Keneth, de 7 años, corría la misma suerte. Keneth desapareció cuando peinaba la colonia montado en su bicicleta en busca de Antony. Sus restos presentaban señales de tortura y disparos en la cara.

Operan como sicarios

Marlon Miranda, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, atribuye estos crímenes a los pandilleros, como represalia por la negativa de los menores a integrarse en las maras, violentos grupos forjados entre los emigrantes centroamericanos en Estados Unidos que hoy se dedican a la extorsión y el robo u operan como sicarios de los cárteles del narcotráfico. La Fiscalía de Delitos contra la Vida detallaba que todas las víctimas se encontraban atadas de pies y manos y, «efectivamente, esos niños estaban siendo presionados por miembros de maras de ese sector para que se unieran a la Mara-18».

Quien no espera a pesquisas y tribunales es la Mara Salvatrucha (MS-13), que el pasado domingo entraba en un centro de rehabilitación para menores y hacía estallar una granada que acabó con la vida de cinco pandilleros de su antagónica Mara-18. La policía vincula este atentado con la ola de crímenes en San Pedro Sula y maneja como móvil la venganza, pues uno de los detenidos por los asesinatos de los niños es hermano de dos de los muertos en el correccional.

La Fundación Compartir Honduras estima en 34.000 el número de jóvenes que forman parte de bandas criminales, pero son muy pocos los que celebran su 30 cumpleaños, por lo que las maras necesitan reclutar continuamente a nuevos miembros.

La Secretaría de Educación calcula que de 4.500 menores que abandonaron la escuela en San Pedro Sula durante 2013, casi la mitad lo hicieron ante el acoso de las maras. Diversas organizaciones no gubernamentales han constatado que los pandilleros seducen a los estudiantes ofreciéndoles ropa o zapatos para que trabajen para ellos como mulas (traficantes) o banderas (espías).

«Limpieza social»

La llegada al poder en enero pasado de Juan Orlando Hernández y su política de «mano dura» no sólo no ha logrado contener la violencia de los pandilleros, sino que en los primeros tres meses de su mandato se han registrado en el país 259 asesinatos de menores de 23 años —en cifras de Casa Alianza, una ONG de protección a la infancia—, un 6,2 por ciento más que durante el gobierno anterior. «Hay sospechas de una limpieza social» en el que las fuerzas de seguridad pueden estar involucradas, dijo a Afp su directora, Guadalupe Ruelas.

Hernández ha movilizado a miles de policías y militares en las zonas más violentas del país y puesto en marcha «Guardianes de la Patria», un programa de militarización forzosa de menores «en riesgo social». «Rezamos a Dios para que estos (asesinatos) no sean una reacción a lo que hacemos —declaró el presidente al diario “El Heraldo”— Los criminales saben que están rodeados, saben que son débiles, saben que buena parte de sus líderes fueron capturados (...). Si hay consecuencias, las vamos a enfrentar».

La representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Niñez, Marta Santos, denunciaba en una reciente entrevista con Efe «cuán difícil es ser niño en Honduras y cómo la esperanza de crecer con seguridad, en el seno de la familia, en la calle, es una dificultad increíble que no podemos aceptar».