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05/11/2013 | Argentina - Crónica inacción en la lucha contra el lavado de dinero

La Nación (AR)-Staff

La Argentina aún permanece en la lista de países que deben realizar urgentes modificaciones en su combate al blanqueo de activos

 

Debido a las graves y reiteradas deficiencias que presenta nuestro país a lo largo de esta última década en la lucha contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resolvió en su última reunión, realizada en París, mantener a la Argentina dentro de la denominada "lista gris" del organismo. En esa nómina se encuentran, precisamente, aquellas naciones que deben realizar urgentes y fundamentales modificaciones en sus controles del lavado de activos.

Por desgracia, los únicos esfuerzos que realiza el Gobierno en la materia son aquellos dirigidos a tratar de disimular constantemente las malas calificaciones del GAFI y a utilizar a la Unidad de Información Financiera (UIF) para perseguir a quienes señala como enemigos políticos, en vez de sumarse a los países que avanzan en la materia.

Esta situación permite sospechar, con fundamento, que la verdadera intención del oficialismo es no luchar contra el lavado. Se trata de una clara política que se prolonga a lo largo de los años pese a los serios llamados de atención del GAFI. No es una causalidad.

La vinculación del lavado con el narcotráfico es innegable y es un síntoma de una guerra mucho más amplia que crece día tras día, como puede verse, por ejemplo, en Rosario y en tantas villas de emergencia, porque no se toma conciencia de la magnitud del problema.

En 2010 nuestro gobierno recibió dos duros golpes. Por un lado, mereció un contundente ultimátum del GAFI por la no adopción de medidas y, por el otro, Washington decidió negarle información sensible sobre operaciones financieras ante la sospecha de que el Gobierno empleaba los datos para sus propios fines políticos. Las autoridades de la UIF, órgano que debería luchar contra el blanqueo de activos, habían solicitado a su similar estadounidense, la red de Combate de Crímenes Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), datos confidenciales sobre el candidato opositor Francisco de Narváez que luego fueron filtrados a la prensa argentina para intentar perjudicar su candidatura. Por eso, la FinCen puso fin a su colaboración con nuestro gobierno.

Convertida en instrumento de persecución política, la UIF, habitualmente lenta y complaciente con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se mostró, en cambio, sumamente veloz para intentar perjudicar a altos ejecutivos del Grupo Clarín, al tiempo que propiciaba la partida de sus mejores especialistas y acogía a jóvenes inexpertos de La Cámpora.

La UIF se encuentra a cargo de José Sbattella, un funcionario que intenta compensar su falta de capacitación en la materia con un desempeño presto a satisfacer las necesidades político-partidarias del Gobierno. Por eso, quizá, no investiga ni denuncia cuando corresponde posibles acciones de lavado de dinero si los autores pertenecen al oficialismo o son sus allegados. Ocurrió, por ejemplo, al estallar el escándalo con el desvío de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa oportunidad, la UIF cajoneó una denuncia de la Coalición Cívica.

Algo similar habría ocurrido cuando se conocieron los sospechosos movimientos de dinero que realizaban personajes vinculados con el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Este hombre resultó uno de los beneficiados en el anterior blanqueo promovido por la Presidenta en 2009, para luego también verse beneficiado por la UIF cuando este organismo no denunció en la Justicia a dos firmas de Báez, Austral Construcciones y la petrolera Epsur SA, que fueron reportadas por actividades sospechosas de lavado y, además, presentarían serias anomalías societarias.

La presencia de Sbattella en la reunión del GAFI en París no pudo evitar la mancha que significa para la Argentina su permanencia en la lista gris. El funcionario expuso las medidas adoptadas en materia de control de lavado de activos y delitos económicos, sin que sus explicaciones lograran superar la desconfianza y la baja calificación otorgada a nuestro país, como viene sucediendo desde hace dos años. La estrategia del Gobierno consistiría en dejar de recibir auditorías periódicas por parte del organismo internacional.

Lamentablemente, la intencionada inacción en el campo del combate del lavado se complementa con una pareja falta de acción firme en la lucha contra el narcotráfico, mientras nuestras fronteras se vuelven cada vez más porosas para permitir el ingreso de la droga y las fuerzas policiales de dos provincias, Santa fe y Córdoba, aparecieron infiltradas por elementos narcos. Tampoco hacen nada las autoridades para encarar el flagelo de una corrupción ya enraizada en la sociedad y en muchas instituciones, para no hablar de la lista de altos funcionarios del Gobierno que actualmente se encuentran sometidos a investigaciones.

No es ninguna casualidad que esas dos actividades delictivas -el narcotráfico y la corrupción- se encuentren entre las que más necesitan lavar la enorme masa de dinero sucio que generan.

La Nación (AR) (Argentina)

 


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