n un nuevo round en la polémica supervisión de la SUBE , el consultor inglés Stephen Chandler, ex jefe de las operaciones, desmintió al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y tildó sus declaraciones como "falsos rumores".

"No sé qué motiva a Schiavi a difundir rumores maliciosos de esta manera. Puedo entenderlo de una sola manera: está tratando de protegerse y también intenta proteger a sus compinches en la Secretaría de Transporte y en las empresas", dijo el inglés.

En una entrevista televisiva, el ex secretario de Transporte mostró el miércoles por la noche un documento en el que figuran Marcela Ashley y Steve Beer , los empleados fantasmas, que estaría firmado por Chandler.

"Realicé en los últimos 16 meses numerosos viajes a la Argentina pero no estuve en marzo de 2011 cuando el contrato final fue firmado. Esto es fácil de probar: alcanza con chequear mi pasaporte", dijo el ex jefe de la supervisión de la SUBE.

Chandler , dueño de la firma Global Infrastructure, asegura que el contrato de $ 65 millones fue adjudicado en una operación "orquestada" entre la Secretaría de Transporte, el Banco Mundial y sus socios de las empresas Iatasa e IRV.

Pese a que cuenta con un sueldo de 40.000 dólares por contrato, el inglés asegura que nunca superó montos equivalentes a 22.000 dólares en sus recibos y que ese dinero incluía todos los gastos de GI. También asegura que sus facturas siempre fueron en pesos.

"No tengo idea si los empleados fantasmas fueron cargados por IRV o Iatasa, pero ellos tienen el control de todas las facturas y recibieron todo el dinero", sostuvo Chandler.

Luego de que el Gobierno suspendiera el contrato, Chandler aseguró que demandará a sus socios locales (IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados) por una deuda impaga que supera los 1,5 millones de pesos. Para esa tarea, el inglés contrató al letrado Joaquín Otaegui, abogado comercialista especialista en litigios complejos.

Esta cifra -sostiene- incluye salarios adeudados de todo 2012 y la parte correspondiente de GI del adelanto financiero que la Secretaría de Transporte le pagó al consorcio a comienzos de 2011