Desde el principio de la actual administración estadounidense, López Obrador confundió la cordialidad de Joe Biden con debilidad.
MIAMI, Florida.- El gobierno de México ha jugado tanto
con la bonhomía de Biden que el presidente de Estados Unidos le puso un hasta
aquí por las reiteradas violaciones al acuerdo de libre comercio. Es el
primero.
Vendrán más apretones, porque la paciencia tiene límites.
Tarde o temprano nos van a cobrar la amistad del gobierno
mexicano con grupos criminales, que lo mismo trafican con drogas o con personas
indocumentadas, que arreglan elecciones al gusto del partido del Presidente,
cuando se necesita.
La feria de atropellos al Estado de derecho y a la
democracia no puede continuar sin consecuencias. No, si queremos seguir siendo
socios de Estados Unidos.
El golpe sobre la mesa que dio el miércoles la Oficina
del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) es fuerte y pega bajo la
línea de flotación de la economía mexicana.
La resolución puede tardar meses, pero no se ve manera de
que el gobierno de México la gane.
Perderla, ha dicho el exsecretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, va implicar que nuestro país tendrá que pagar unos 30 mil millones de
dólares en aranceles.
Desde el principio de la actual administración
estadounidense, López Obrador confundió la cordialidad de Biden con debilidad.
Y perdió de vista que enfrente tenía sentado al político
que doblegó a Donald Trump.
En lugar de corregir las faltas al TMEC que le señalaron
en su reciente visita a Washington, el presidente de México optó por lo de
siempre, porque le ha funcionado: mentir.
A los mexicanos los engañó con el cuento de que su
explicación a empresarios y funcionarios en Estados Unidos los había convencido
de lo correcto de su política energética.
Engañó en México, pero ya no le pudo tomar el pelo a los
vecinos del norte.
Luego de reunirse con directivos la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo a los medios mexicanos que los
empresarios de ese país “están muy satisfechos, muy contentos (sic), no hay
problema (sic)… La cuestión eléctrica, pues ya entendieron de qué se trata, de
que a todos nos iba a perjudicar. Es lo mismo que el petróleo”.
Pues no los convenció y sí había problemas.
La US Chamber of Commerce, como recordó en estas páginas
Víctor Piz el miércoles, indicó que “los directores ejecutivos expresaron su
seria preocupación por el deterioro del clima de inversión en México, y
pidieron al gobierno mexicano que cumpla con sus compromisos relacionados con
el TMEC”.
Nada de que estaban muy contentos con la política
energética de AMLO, que niega el acceso al mercado mexicano a compañías
privadas para dar prioridad a los monopolios estatales.
López Obrador alineó a los tres brazos más poderosos del
vecino del norte en contra de México: la Casa Blanca, el Congreso y los
empresarios.
El estatismo del gobierno de AMLO –en el tema de energía–
es contrario al espíritu y a la letra del TMEC. Daña la competencia y la
inversión.
Ahí está la razón por la cual Estados Unidos nos demandó
ante el mecanismo para solución de controversias del acuerdo comercial firmado
con ese país y con Canadá.
Para el gobierno de Justin Trudeau, la política
energética de México también es considerada dañina, y respaldó la demanda de
Estados Unidos. Canadá interpondrá sus propias controversias.
La respuesta del presidente de México fue tan patética
como infantil: “Uy, qué miedo”.
Dentro del país, López Obrador ordenó públicamente la
persecución de los jueces que dieron amparos a una empresa española que pide,
por las vías legales, que el gobierno mexicano respete las reglas del juego,
establecidas en la Constitución.
Se sobrevalúa el Presidente.
No puede atropellar cotidianamente las leyes ni perseguir
a los jueces sin consecuencias, cuando somos socios de Estados Unidos, cuya
única garantía para comerciar libremente con México es la existencia de un
Estado de derecho.
Tiene alteradas las funciones de un Estado moderno.
Privatizador de sus tres tareas básicas: la seguridad
(que en parte del país está en manos de mafias criminales), la salud (mandó a
la medicina privada a 15 millones de personas que tenían atención en el sector
público) y la educación (que devolvió a mafias sindicales).
Y la actividad económica, que básicamente es función de
la iniciativa privada, la reserva para el Estado, pierde dinero, se enemista
con los socios que nos mantienen a flote y viola la Constitución.
Los problemas para México con Estados Unidos apenas
empiezan, por el flanco comercial.
Y en este caso no los va a pagar López Obrador, sino la
industria exportadora y los mexicanos que de ella viven.