Empiezo por el motín violento de las llamadas organizaciones sociales, afectas al MAS, en Cochabamba el lunes pasado con objeto de provocar la destitución del Prefecto. Herir policías y más grave todavía, destituir al Comandante de ese cuerpo de seguridad, nombrado por el propio Presidente de la República —por haber tratado de cumplir su obligación de guardar el orden público— incendiar vehículos y las mismas puertas de la Prefectura, son hechos calculados con mala intención ¿no son delitos dignos de repudio y sanción?

Y no es que aquí se pidan simpatías por el Prefecto, pero nadie le podrá discutir que fue elegido en comicios limpios, y anunciar un referéndum no constituye falta alguna contra la Constitución, como lo argumentó falsamente, nada menos que la Ministra de Gobierno, así como el vicepresidente García Linera. El referéndum no es una provocación, es una forma legítima y democrática de consulta popular consagrada en la ley de leyes. ¿O es que ambas autoridades no razonan democráticamente? No en vano, el Prefecto de La Paz recordó anteayer que otro ministro de triste memoria, hoy preso en los EEUU por narcotraficante, pronunció aquella temible sentencia de que todos aquellos que no estaban con el Gobierno deberían circular con el testamento bajo el brazo. ¡Por cierto, macabro negocio para los notarios!

Lo ocurrido en Cochabamba es un toque de atención. A este paso, se preparan días aciagos. Pero el motín cochabambino afecta muy especialmente al Gobierno que, a través de la Ministra de Gobierno impidió la acción protectora de la fuerza pública y el uso de gases lacrimógenos, cuando la turba de violentos lanzaba hondazos mortales contra los uniformados —que hirieron a varios de ellos y a otros ciudadanos— y cometía toda clase de desmanes.

Hechos como éste repiten la misma postura escandalosamente parcializada de la ministra, que es como decir del Gobierno, tal como ocurrió en San Julián contra campesinos que se dirigían al cabildo autonómico de Santa Cruz el mes pasado. Ella sabía que iban a ser bloqueados y agredidos. Y lo fueron. La ministra sólo actuó contra otros violentos, esta vez autonomistas, cuando incendiaron el mercado de los collas en San Ignacio de Velasco ¿No decíamos que la ley es igual para todos?

Otro sofisma imperdonable es declarar que el asalto a la Prefectura no fue motivo suficiente para justificar la acción policial. ¡Opinión del Vicepresidente! ¿Qué idea tienen algunas autoridades del orden público? ¿Es posible el diálogo cuando predomina la violencia? Por último, es obligación de la prensa repetir que ni el Gobierno ni nadie, pueden seguir incitando a la ´anticultura´ del conflicto sino a la cultura de la conciliación.

Y ahora dirá el Sr. Presidente que la prensa está en su contra. Sí, en contra de la violencia y de la arbitrariedad. Con esas repetidas denuncias, don Evo está perdiendo la adhesión de muchos de quienes votaron por él. ¿Quién dijo aquello de que al pueblo se le puede engañar una y mil veces, pero no eternamente?