Hoy en día, el tema de la corrupción suele ocupar un espacio importante en los medios de comunicación, muy frecuentemente desproporcionado a otros temas de interés preferente. Me refiero por el momento a la corrupción en la cosa pública que se define como “un atentado grave de la misma esencia del servicio público en la medida en que implica que el funcionario o el político deliberadamente traicionan el sentido de la gestión pública de los intereses colectivos, actuando en contra del bien común y produciendo una conversión del interés público en interés privado”.
Dicho en palabras lindas, la corrupción es la aplicación de la discrecionalidad administrativa en provecho propio. La corrupción va contra los derechos ciudadanos en la medida en que no sirve con objetividad los intereses generales. Por lo demás, si bien sería injusto aplicar el nefando calificativo de corruptos a los servidores públicos en general, sí es verdad que la corrupción de unos pocos contagia a los demás. Y, como reza un aforismo latino “corruptio optimi maxima” (En latín los dos calificativos no van separados por una “,”) que traducido libremente significa que la corrupción de los mejores es la peor de todas.
Podría mencionar aquí multitud de casos en que instituciones del Estado destinadas al servicio de la ciudadanía, hoy son consideradas como sus agresoras. La sociedad pierde la confianza que debería depositar en los miembros de esas instituciones. Los casos de la Policía y de la administración de la justicia, el fraude fiscal, la coima “obligada” en los servicios de tránsito y de identificación, obras públicas, licitaciones, y un larguísimo etc. son patéticos. Es un mal que se va extendiendo en todo el mundo. Séneca ya dijo que la corrupción no es un vicio de los tiempos, sino de los hombres. Pero ésta no es justificación para que lo mismo ocurra en Bolivia.
Quienes han tratado el asunto en profundidad señalan dos caminos para combatir la corrupción. El primero es la prevención que radica en el comportamiento consciente y libre del servidor público. Los que tienen responsabilidades públicas deben tener muy claro que los privilegios de los que gozan son instrumentos que facilitan la buena gestión de los intereses públicos y no su fin.
Donde hay corrupción cunde la desconfianza de los ciudadanos hacia los entes públicos y en la clase política que los administra. El pueblo se siente alienado por un poder extraño que no es capaz de sintonizar o sentir como suyo y cuya actuación no considera que se realiza en su propio beneficio, sino en el de los titulares de la gestión que han pasado así a apropiarse del Estado y de sus fines. Lo más grave que puede suceder en una democracia, en un sistema en que los ciudadanos han de sentirse los verdaderos titulares del poder y que tienen que creer y conservar la coincidencia entre sus intereses y los de sus gobernantes, es que ambos intereses se hagan antagónicos, porque cada uno persigue su propio bien por su lado.
El otro camino para evitar la corrupción es la represión, sea por la multiplicación y mayor rigor de las normas prohibitivas y punitivas, sea por las prácticas persecutorias, el libre arbitrio de algún funcionario ajeno a la administración de la justicia, incluso más allá de las leyes vigentes. En cuyo caso los perseguidores no pueden presumir de demócratas. Siendo el tema tan vasto, complejo y cada vez más frecuente, lo completaremos en otra oportunidad.
