Los procesos para alcanzar reformas relacionadas al recurso tierra han estado vinculados, innegablemente, a demandas sociales de campesinos e indígenas. Dos antecedentes. En 1991, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, mojeños, chimanes e indígenas de otras etnias fueron protagonistas de la marcha denominada "por la dignidad y el territorio". En aquel entonces, el Estado les reconoció a los indígenas del oriente, por primera vez, el derecho propietario de sus territorios. El proceso para alcanzar la redacción de la actual Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) también provocó confrontaciones y movilización de campesinos e indígenas en octubre de 1996.

Las discusiones en torno a la Ley INRA habían sumado algo más de dos años y ya en el Parlamento, tomarían algo más de 100 horas de debate congresal en su tratamiento.

Actualmente, el Congreso analiza las modificaciones a la Ley INRA con el objeto de establecer una nueva normativa agraria que plasme, lo que el Gobierno pretende que sea, una segunda "revolución agraria". Paralelamente al trabajo que desarrolla el Parlamento, una marcha indígena que partió desde Santa Cruz, hace aproximadamente una semana, está rumbo a La Paz. El objetivo de los indígenas es llegar hasta las puertas del Congreso Nacional para presionar a los parlamentarios la aprobación, a la brevedad, de las modificaciones en cuestión.

Estos cambios, según se infiere, establecerán en el país la nueva política agraria que inclusive se prevé que sólo sea ratificada por la Asamblea Constituyente. Eso significa que lo que está tratando, en este momento, el Parlamento es prácticamente fijar el nuevo régimen agrario de largo plazo.

La diferencia, ahora, es que lo que se apruebe se sitúa en una coyuntura particularmente especial, con una Ley INRA vigente que no cumplió con los objetivos trazados a lo largo de diez años de vigencia, en particular al saneamiento de tierras que permita establecer el derecho propietario y la Función Económica Social (FES) para posibilitar la distribución de tierra, por lo menos, entre un conjunto importante de demandantes del recurso como son los campesinos e indígenas. Por ello, la tierra está en una escala de prioridad suprema en la agenda nacional por las implicaciones que podría tener si ésta no es resuelta con la emergencia del caso.

En ese contexto, se entiende por qué el tema tierra está provocando una puja política dentro del Parlamento y fuera de él. No es extraño que el recurso tierra convoque a juegos de estrategia política, más si se quiere evitar un desenlace violento y, por el contrario, se busca lograr una hábil negociación donde todos los sectores queden conformes. Y visto desde ese modo parecería legítimo e inteligente. Pero, por otro lado, ¿cuál es el riesgo de este proceso de "negociación" y de ceder ante la demanda a cualquier precio, que bien podría romper récord en el tratamiento congresal por las presiones sociales que se quieren imponer? No sólo que se vuelva a caer en los errores de la actual Ley INRA sino que nuevamente se encare una "reforma agraria" parcial, con medidas tenues, sin tomar en cuenta aspectos como la observancia a la integralidad del territorio, es decir, tierras altas y bajas, o la definición de la extensión agropecuaria o el impuesto a la tierra o los tipos de propiedad. Así no se habrá logrado una "revolución agraria", sino sólo una ley a medida de sastrería.