El ex viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Samuel Tola, consideró que la transferencia a la justicia ordinaria de los delitos de violación o asesinato implican restringir el ámbito de acción de la justicia que se aplica en las áreas rurales.
El texto Justicia Comunitaria Guaraní, elaborado por el Ministerio de Justicia, menciona que la violación, el asesinato, la violencia intrafamiliar, abandono de hijo, entre otros delitos, están tipificados dentro de la estructura jurídica de los guaraní.
Se relata que un delito de infidelidad fue castigado con la ejecución. “La jurisdicción indígena originaria campesina conoce asuntos o confictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios y saberes vigentes”, refiere el artículo 10 del proyecto.
El artículo siguiente establece que la justicia indígena no alcanza a delitos en materia de derecho internacional, familiar (todos los temas que involucren violencia con niños, adolescentes y mujeres) y en materia de derecho laboral-social.
“Así como está (la ley) yo lo veo muy restringido. La están dejando a la justicia indígena originaria campesina un elemento marginal, se entiende que los delitos contra el Estado se tienen que tratar en la justicia ordinaria, pero hay otros tipos de delitos que debiera seguir conociendo (la justicia indígena) como hasta ahora lo hizo”, señaló el ex viceministro de Justicia del gobierno de Morales.
Tola explicó que en la justicia indígena existe un criterio de “indemnización” por el daño causado que, en el caso de violación, puede ser de tipo económico, y en el caso de asesinato el agresor se compromete a cuidar de la familia del difunto, aunque esto puede variar de una a otra comunidad según sus costumbres.
“He conocido casos de asesinato que han sido atendidos con el pago de dos toros y el cuidado a los hijos menores que quedan huérfanos”. El proyecto garantiza el derecho a la vida y a los demás derechos y garantías reconocidas en la Constitución. En consecuencia, prohíbe el linchamiento y la pena de muerte.
Los chicotazos son una forma de sanción que está enraizada en los pueblos indígenas, explicó en junio el jiliry mallku del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), Sergio Hinojosa, mientras que el dirigente Bienvenido Sacu informó que, en el oriente, el amarrar a un hombre al palosanto —árbol en el que hay hormigas agresivas— es aplicado a faltas como el robo y el destierro en delitos graves.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Cecilia Ayllón, aclaró que la motivación para trabajar en el contenido del proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional fue para no complicar la administración de la justicia indígena. El proyecto también establece un nivel de coordinación y cooperación entre las dos formas de justicia, reconocidas en la Constitución.
Algunos artículos de la Ley
-Art. 7. La justicia indígena es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originarios campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la presente ley.
-Art. 11. El ámbito de vigencia y territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción...
-Art. 17. Las autoridades de todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben coordinar y cooperar entre sí.
