El IRA, el Sinn Fein y la comunidad católica del Ulster llevaban años denunciándolo y ahora la propia policía les ha dado la razón: agentes de la Rama Especial de Seguridad (lucha antiterrorista) se confabularon con paramilitares protestantes en el asesinato de al menos diez republicanos y el atentado contra otros tantos, la colocación de bombas, extorsión, intimidación, chantaje y tráfico de droga.

La investigación de la ombudsmandela policía de Irlanda del Norte, ha durado tres años, con un coste de cinco millones de euros, y el anuncio de sus conclusiones - que no son ninguna sorpresa- ha sido cuidadosamente coreografiado en vísperas de la asamblea del Sinn Fein el domingo en Dublín, a fin de aprobar su apoyo y participación en las reestructuradas fuerzas de seguridad de la provincia, la última concesión que se le exige para participar en el gobierno autónomo.

Tony Blair declaró a través de un portavoz de Downing Street que se encuentra "profundamente perturbado por la descripción de unas acciones por completo equivocadas y que nunca deberían haberse llevado a cabo". Pero también intentó poner una nota positiva y señaló que "algo similar no podría ocurrir ahora tras los cambios en la policía norirlandesa llevados a cabo tras los acuerdos del Viernes Santo". Blair confía en la reanudación del gobierno autónomo del Ulster antes de dejar el poder voluntariamente en verano o de verse obligado a precipitar su salida por el escándalo de la venta de títulos nobiliarios a cambio de donaciones al Labour.

Los crímenes investigados por la ombudsman, Nuala O´Loan, ocurrieron en la primera mitad de los noventa. Agentes del viejo Royal Ulster Constabulary, como se llamaban entonces unas fuerzas de seguridad dominadas por los protestantes, contrataron a paramilitares lealistas y a cambio de información les dieron dinero y luz verde para matar a republicanos. Un portavoz de la Asociación de Policías Veteranos dijo: "Todo se hizo en el interés de la justicia y del país, y no tenemos nada de que avergonzarnos".

Aunque el informe no revela nombres, fuentes policiales han señalado que el principal asesino a sueldo de la Rama Especial de Seguridad de la policía es un paramilitar de la Fuerza de Voluntarios Lealistas (FVU) llamado Mark Haddock, que cobró 150.000 euros por sus servicios y gozó de impunidad para asesinar a republicanos y efectuar ataques punitivos contra católicos. La investigación concluida ahora fue desatada por Raymond Mc-Cord, cuyo hijo de veintidós años murió a manos de un informante de la policía y su cadáver apareció en una cantera de Belfast en 1997.

Grupos de derechos humanos consideran inevitable que se reabra la investigación de numerosos asesinatos no resueltos y en los que la comunidad católica del Ulster ha sospechado siempre la presencia de la mano negra de la policía, como el del taxista Sharon McKenna, que recibió un disparo a bocajarro en 1992. Por lo menos media docena de agentes se han negado a colaborar en los trabajos de la ombudsman y han obstruido el proceso destruyendo pruebas, mientras que el último jefe del Royal Ulster Constabulary, Ronnie Flanagan, alegó no tener "ninguna información que proporcionar". El ministro para Asuntos del Ulster británico, Peter Hain, no descarta presentar cargos criminales contra los implicados.