El fiscal general, entonces Vladimir Ustinov, aseguraba que el crimen organizado "estaba como en su casa" entre los funcionarios y que se había convertido en "una amenaza nacional". Pero un año después la situación sigue igual o peor. El ministro del Interior, Rashid Nurgaliev, ha afirmado que las organizaciones criminales en Rusia son más fuertes que nunca. Según los expertos, hay diez mil organizaciones fuera de la ley, formadas por 300.000 personas. La mafia controla del 20% al 25% del producto interior bruto de Rusia, un dato altísimo si se compara con la UE (2%) y muy alto si tenemos en cuenta a los países en vías de desarrollo (5%-10%).

Estos datos, que acaba de publicar el diario moscovita Novye Izvestia a partir de informes secretos del Ministerio del Interior, demuestran que muchas organizaciones criminales intentan camuflarse en la legalidad adoptando formas empresariales. Al contrario de lo que ocurría en los noventa, ahora los grupos de bandidos no resuelven sus disputan con armas y en la calle, y según el ministro los crímenes graves han descendido en todo el país. El temor es que la mafia se convierta en una institución. "Este problema supone una amenaza para el estado, para la sociedad y para la economía", ha advertido Nurgaliev. Los informes del ministerio señalan que las regiones más ricas del país, como Moscú y San Petersburgo, se encuentran bajo una fuerte influencia del crimen organizado.

Novye Izvestia reproduce los informes del ministerio, y en éstos se constata que los órganos de seguridad "no toman las necesarias medidas para la liquidación" de los grupos criminales. Una décima parte del país más grande del mundo se encuentra, se afirma, bajo la influencia directa de estos grupos.

Según los expertos en organizaciones criminales, la última ruptura de la lucha contra la mafia se produjo en los años 2000-2001, cuando se reformaron los órganos de lucha contra el crimen organizado y sus funciones se traspasaron a la policía criminal, que entonces estaba ocupada con delitos comunes. Alexei Mujin, director del Centro para la Información Política, asegura que durante un tiempo nadie molestó a los líderes del crimen y algunos comenzaron una activa etapa de legalización. Ocuparon incluso cargos de responsabilidad política. Ahora, señala Mujin, si contamos las organizaciones criminales legalizadas, en Rusia hay diez mil. En ellas trabajan unas 300.000 personas, encargadas de vigilar los negocios que pertenecen a sus jefes. Pero oficialmente, en el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, se contabilizan sólo 450 organizaciones y doce mil de esos empleados.

Las biografías criminales no son desconocidas en los parlamentos regionales, aunque los grandes capos prefieran mantenerse en la sombra y colocar políticos manejables. "Hoy los jefes de estas organizaciones no están a gusto con su estatus en el mundo criminal, y pretenden un puesto alto en la sociedad. Ocupan puestos altos en las estructuras ejecutivas y en el poder legislativo de muchas ciudades y regiones", constata Mijail Grishankov, vicepresidente del Comité de Seguridad de la Duma.