La debilidad de sus estructuras estatales, y el hecho de que cuente con una población mayoritariamente musulmana, lo convierten en un candidato idóneo para que Al Qaeda lo incorpore a la corriente central de su estrategia. Los yihadistas pretenden que algunos de sus ataques más espectaculares no sólo causen daños en Estados Unidos o sus aliados, sino que contribuyan a desestabilizar alguna región en la que pretenden hacerse fuertes. Es el caso de Yemen; también, por cierto, el de Somalia.

El momento escogido por Al Qaeda para el recrudecimiento de su ofensiva terrorista no es casual. Se acerca la retirada norteamericana de Irak y Obama se ha visto obligado a reforzar su apuesta militar en Afganistán. Es ahora cuando los yihadistas tratan de demostrar que no existen diferencias de fondo entre la actual política de la Casa Blanca y la de Bush. Es decir, tratan de inducir respuestas de Estados Unidos que les permitan mantener inalterado su discurso. Y lo más grave es que, por su parte, Obama dispone de escaso margen de maniobra para contrarrestar estos designios de los terroristas. Declaraciones como la del ex vicepresidente Cheney, que acusa a Obama de no creer que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo, tampoco facilitan su tarea.

Porque el principal dilema al que se enfrenta la administración de Obama no es dictaminar si la amenaza terrorista ha disminuido, que no lo ha hecho, sino si el medio más adecuado para hacerle frente es una nueva guerra. El peor error que podría cometer la Casa Blanca es implicar al Ejército norteamericano en Yemen, arriesgando aún más el desenlace de la guerra en Afganistán y ofreciendo un teatro de operaciones adicional a los yihadistas. Como ha demostrado la experiencia en Irak y Afganistán, Estados Unidos no tiene dificultad para obtener victorias militares convencionales; sí para sostenerlas en el tiempo y convertirlas en un instrumento eficaz antiterrorista.

Obama ha dado instrucciones de cerrar la embajada estadounidense en la capital yemení, Saná, lo mismo que el primer ministro británico, Gordon Brown. En un primer momento, el Gobierno español hizo un anuncio equivalente si bien luego precisó que sólo se restringirían las entradas a la legación diplomática. Es una decisión difícil, en la que el Ejecutivo debería contar con el respaldo de las fuerzas parlamentarias. Y siempre sin descartar el horizonte de seguir los pasos de Washington y Londres, puesto que el riesgo para los intereses españoles, como para los de otros países europeos, aumentará a medida que se vayan blindando los de nuestros principales aliados.

*Editorial - El País de Madrid