De ninguna manera puede calificarse de "diálogo social" la convocatoria que, tras la derrota del Gobierno en las elecciones, realizó la Presidenta a un grupo de empresarios, banqueros y sindicalistas mayoritariamente muy cercanos al oficialismo y que, con su presencia, se prestaron a una nueva puesta en escena a las que tan afecto es el kirchnerismo cuando sufre un fuerte revés en las urnas.

La Presidenta también había llamado a un "diálogo" en 2009 con los partidos políticos después de la derrota en las primeras elecciones legislativas de medio término. Resultó una farsa que nada tuvo de diálogo.

Lo mismo ocurrió anteayer en Río Gallegos, porque mal puede hablarse de diálogo cuando se asiste pasivamente a un discurso, por más que luego, a puertas cerradas, se hayan respetado un poco más las formas -apenas las formas- de un diálogo. Y mal puede llamarse "social" a ese falso diálogo cuando el Gobierno ha excluido arbitrariamente de él a los partidos políticos -a algunos de cuyos líderes victoriosos previamente calificó de meros empleados del poder económico- y también a sectores económicos fundamentales, como las entidades representantes del campo, que es el actor económico más dinámico de la Argentina. En cambio, se sustituyó su representación por la asistencia de un empresario reconocidamente dispuesto a no percibir ningún problema en su sector y a aplaudir toda iniciativa oficial. Entre los excluidos de la convocatoria puede mencionarse, además de los del agro, a la Asociación Empresaria Argentina, a la CGT de Hugo Moyano y a la CTA de Pablo Micheli.

¿De qué diálogo puede hablarse cuando la Presidenta se da el lujo de ilustrar, aleccionar y esclarecer a su dócil y complaciente platea acerca de las bondades de su gobierno, cuya economía, sostuvo ante el asombro generalizado, presenta números equiparables a los de Canadá y Australia? La verdad es que esos países tienen libre acceso al crédito internacional, reciben inversiones, no enfrentan juicios por no pagar deudas o por violar contratos con empresas extranjeras ni mienten en las estadísticas oficiales.

Es difícil concebir una postura más reacia al diálogo y más proclive al monólogo sordo que la de la Presidenta al inaugurar la convocatoria ratificando sin vueltas el rumbo económico -el mismo rumbo que provocó la derrota electoral- y aclarando que no habrá marcha atrás con el cepo cambiario ni con las restricciones a las importaciones. Tampoco se advirtió en sus palabras un diagnóstico certero respecto de la inflación y vinculado con la desmesurada expansión monetaria. Recordemos que días atrás achacó la responsabilidad de la inflación a los empresarios que remarcan precios.

¿Qué clase de diálogo puede existir cuando, en realidad, los convocados a Río Gallegos sólo viajaron para prestarse mansamente y en abierta complicidad con el Gobierno a otorgarle un atisbo de mera formalidad a uno de los mayores escándalos de corrupción del presente, como es la vergonzosa adjudicación del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz a una empresa afín al kirchnerismo como es Electroingeniería?

Resulta coherente con esa puesta en escena que luego, cuando se reunieron a puertas cerradas con la Presidenta, las figuras de la mansa platea tuvieran que escuchar una defensa del modelo económico y una exposición del crecimiento en la actividad comercial, industrial y también de la construcción. Para coronar la farsa, y en el colmo del cinismo y la hipocresía, fue ella, incapaz de cualquier autocrítica, quien reclamó una autocrítica al sector privado. Es sabido que la mayoría de los empresarios han temido al kirchnerismo y han optado por el silencio.

La forma y los alcances de la convocatoria presidencial no hacen más que confirmar la escasa o nula voluntad de modificar un modelo de gobierno que está poniendo en serio riesgo el futuro de la Nación. La pretensión de un diálogo fructífero debe cumplir al menos tres condiciones: la buena fe, una amplia apertura a la participación de interlocutores representativos y una agenda que contemple los temas que libremente propongan esos interlocutores. Como se ha visto, ninguna de estas condiciones se ha cumplido.

El camino elegido excluyó a los partidos políticos a pesar de que son la vía genuina de representación ciudadana, según lo establece la Constitución. Con visos fascistas, el Gobierno eligió a los invitados sobre la base de un mapeo corporativo de la sociedad, pero aun con este criterio la selección fue parcial y sesgada hacia entidades en gran medida condescendientes con el poder.

No sólo los partidos políticos quedaron fuera de la reunión. La Presidenta no ha tomado la iniciativa de someterse a un debate en el Congreso.

Hay motivos más que suficientes para que un gobierno erosionado en su poder, en el marco de graves dificultades, se abra a un amplio diálogo. Para ello deberá dejar de lado su permanente presunción de conspiraciones que pretenden desplazarlo. Sólo aceptando la buena fe de quienes concurran a la mesa, sin exclusiones defensivas y con plena libertad de agenda, obtendrá el provecho buscado y la posibilidad de reencauzar positivamente una gestión que apunta al fracaso.