Allí se encuentran las claves para entender la naturaleza y la actividad de los factores de poder regionales que han caracterizado a la política de la entidad desde hace casi un siglo.

Michoacán es un caso particular en la formación del Estado posrevolucionario mexicano. Probablemente en ninguna otra entidad del país convivieron proyectos de desarrollo tan encontrados.

Entre 1920 y 1940 llegaron al poder local lo mismo gobernadores que intentaron modificar lo menos posible las estructuras socioeconómicas heredadas del Porfiriato (como Pascual Ortiz Rubio, Sidronio Sánchez Pineda y Enrique Ramírez Aviña) que otros que se esforzaron por transformarlas radicalmente (como Francisco J. Múgica, Lázaro Cárdenas del Río y Rafael Sánchez Tapia).

Eso condujo a un difícil proceso de negociación de las nuevas reglas del juego de la política en Michoacán y una relación con el Centro determinada por poderes regionales que fungían como intermediarios.

Entre éstos era posible encontrar dirigentes agraristas, maestros, caudillos y caciques. Había furibundos jacobinos, como en la región de Zacapu, o figuras vinculadas con los cristeros, como en Coalcomán.

Muy pronto los gobernadores e incluso funcionarios federales se dieron cuenta de que era imposible tomar decisiones en el estado sin apoyarse en estos intermediarios.

Eso implicaba tolerar desde el gobierno la violencia de muchos caciques, contra sus competidores, pero también contra disidentes de su propio grupo.

A cambio, las facciones que contaban con la bendición oficial debían responsabilizarse de la procuración del orden público y el cumplimiento de la ley, dice el historiador Enrique Guerra Manzo en su libro Caciquismo y orden público en Michoacán, 1920-1940, publicado por El Colegio de México.

Otro especialista, el estadunidense Paul Friedrich, de la Universidad de Chicago, documentó que el poder de los hombres fuertes en Michoacán llegó a ser tal que incluso podían romper en pedazos un decreto presidencial y hacer huir al delegado federal encargado de aplicarlo.

Para imponer su voluntad, muchos caciques empleaban en aquellos años “defensas civiles”, (¿le suena?). Pero no ha sido siempre la violencia el instrumento de los intermediarios, pues el consenso ha jugado un papel importante en la formación del poder regional en Michoacán.

Entender las raíces de ese poder y lo que ocurrió con él tras las derrotas del PRI en 2000 -en la elección presidencial- y 2001 -en la de gobernador-, es esencial para encontrar una solución al vacío institucional que experimenta el estado.

La vieja red de poder construida sobre “una pléyade de intermediarios políticos regionales” (Guerra Manzo, op. cit.), fue trastocada por las luchas políticas entre el PRI y el PRD en los años 80 y 90 -competencia que incluía la disputa por la lealtad de los caciques-, así como por la pérdida de la Presidencia y la gubernatura por parte de aquél.

Hasta ahora nadie se ha echado al hombro la tarea de sustituir esa red por instituciones democráticas y el Estado de derecho. Es algo que urge, por razones locales, pero también nacionales. Y la obtención de resultados tiene una dimensión de mediano plazo, pero también una inmediata.

Si bien las reformas estructurales conseguidas durante 2013 ubican a México como uno de los países con mayores oportunidades de negocio y lo sitúan entre los más atractivos para la inversión, lo que ocurre en varios municipios de Michoacán representa un foco rojo.

Aunque la situación no está fuera de control -no veo la guerra civil de la que hablan algunos-, la alarma social que han generado los últimos acontecimientos obliga al gobierno de Enrique Peña Nieto a coordinar los esfuerzos institucionales para recuperar la paz en esa entidad.

Los acontecimientos, de los que ha dado cuenta con toda responsabilidad Grupo Imagen Multimedia, que preside Olegario Vázquez Raña, obligan a una reflexión: es preciso que el Estado mexicano mantenga la lucha frontal contra el narco y los grupos criminales que operan en Michoacán, pero también que impida que las autodefensas o guardias comunitarias con armas reservadas al Ejército patrullen poblados, municipios enteros.

Dialogar y permitir el tránsito a quienes actúan organizados como guerrilla para combatir a autoridades corruptas y policías coludidos con grupos del narcotráfico es una grave señal.

El gobierno no puede claudicar en su responsabilidad primaria de proveer de seguridad a todos los mexicanos. Mucho menos debe permitir que civiles armados hagan la tarea que le corresponde sólo a él.