Por cuenta de un artículo de la recién sancionada ley de seguridad ciudadana, las investigaciones de al menos un millón de delitos denunciados en los últimos seis años van camino del archivo en la Fiscalía. Solo podrán ser reabiertos si aparecen nuevas pruebas.

Según lo dispuesto en la nueva norma, la Fiscalía tiene máximo dos años para imputar cargos (llevar al responsable ante un juez de garantías) después de conocido el crimen, o de lo contrario deberá archivar la indagación.

Ese término se amplía de dos a cinco años para los delitos más graves. Hasta antes de la ley, no tenía términos para realizar las investigaciones.

El millón de casos corresponde a las denuncias presentadas hasta finales del 2010 y que no habían pasado la etapa de indagación preliminar en los despachos de los fiscales.

En la Fiscalía hay alerta por las implicaciones de la norma, al punto de que la fiscal Viviane Morales designó un equipo para analizar su impacto. "La preocupación es por partida doble, porque se podría estar abriendo una puerta para la impunidad y se está limitando el derecho que tienen las víctimas a acceder a la justicia", señaló una alta fuente del organismo.

De hecho, la mayoría de casos no se resuelve en dos años y muchas de las condenas logradas en tiempo récord en el sistema penal acusatorio corresponden a casos de flagrancia o a aquellos que, por su impacto, han concentrado la atención de las autoridades.

Expertos consultados por EL TIEMPO señalan que, si bien es importante que las investigaciones no queden abiertas indefinidamente, existe un alto riesgo de impunidad. "El problema es que por ningún lado aparece la norma que fortalece a la Fiscalía para que pueda cumplir con esos plazos", dice Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia.

El ex vicefiscal Francisco José Sintura advierte que se abre el riesgo de que los fiscales, ante la premura, terminen acusando a las carreras o, simplemente, dejando que los procesos se acumulen y queden en suspenso por física falta de recursos. En promedio, cada fiscal maneja cerca de 700 investigaciones al año.