La negativa del presidente a colaborar con el Congreso aboca el sistema a un punto muerto. La Constitución no prevé respuestas para la negativa de Trump a ser investigado por el Congreso.
Preocupados porque en la nueva república pudieran
reproducirse los excesos totalitarios que habían visto en el rey de Inglaterra,
los padres fundadores de Estados Unidos crearon un sistema de pesos y
contrapesos para evitar que cualquiera de los poderes del nuevo Estado –el
ejecutivo, el legislativo o el judicial– abusara de sus prerrogativas. Uno de
ellos está incluido en el artículo dos de la Constitución, ese que según Donald
Trump dice que el presidente “puede hacer todo lo que quiera” pero que, como
los estudiantes de primaria aprenden a la tierna edad de ocho años, incluye una
drástica medida para controlar su poder: la potestad del Congreso para
investigarle y destituirle mediante un proceso de impeachment.
El asunto surgió durante los debates de la convención de
Filadelfia en 1787. La idea del impeachment , inspirada en las leyes
británicas, enseguida se puso sobre la mesa. Hubo argumentos a favor más
refinados, pero ninguno tan contundente como el de Benjamin Franklin: mejor el
impeachment que la forma tradicional de Europa de deshacerse de sus reyes, la
muerte.
Desde su llegada a la Casa Blanca, las acciones de Trump
han puesto a prueba el complejo sistema de poderes y contrapoderes previsto en
el sistema político estadounidense, más presidencialista de lo que inicialmente
se pretendía. Esta semana, sin embargo, se ha llegado a lo que varios juristas
consideran una crisis constitucional de libro. No por los aparentes abusos de
poder de Trump en sus contactos con Ucrania –para eso existe el im-peach-ment –
sino por su resistencia a ser controlado por el Congreso.
Para detectar las crisis constitucionales, los juristas
se guían por la definición acuñada por la profesora de Derecho de Georgetown
Victoria Nourse: “Un enfrentamiento entre ramas del gobierno en el que ninguna
de las partes da marcha atrás y no hay una solución clara dentro del sistema
constitucional”. El precedente más reciente data de 1974, cuando Richard Nixon
se negó a entregar al Congreso las grabaciones de sus conversaciones.
El detonante esta vez ha sido la carta del abogado de la
Casa Blanca Pat Cipollone al Congreso, en la que anuncia que el presidente no
colaborará con la investigación y no responderá a sus citaciones oficiales ni
les facilitará documentos o testigos. El proceso es “ilegítimo”, está
politizado y el presidente debería poder defenderse y convocar testigos,
reclama, aunque la ley no prevé algo así. La actitud de Trump pone a los
demócratas en una tesitura complicada, con las manos atadas para completar su
investigación. Podrían entrar en juego los tribunales, la tercera rama del
gobierno. Nourse cree que llegará al Supremo. Pero, aunque los jueces
reconozcan la potestad del Congreso para investigarle, si Trump se sigue
negando a colaborar, hay pocas cosas más que puedan hacer.
Llegados a ese punto, la respuesta no estaría en las
leyes sino en la política, en la reacción de la opinión pública y la actitud de
los aliados del presidente. ¿Seguirían apoyándole en esas circunstancias? Los
demócratas pueden seguir adelante con el caso, votar los artículos de
impeachment . Las maniobras de Trump con Ucrania han hecho cambiar el sentir
general hacia el proceso y, ahora, tienen mayoría para condenarlo. La decisión
final está en manos del Senado, donde actualmente no hay rastro de los 20 votos
republicanos que harían falta para confirmar la destitución.
“La crisis mayor no es Trump”, afirma John Delaney,
aspirante demócrata a la Casa Blanca, “sino los republicanos en el Congreso,
que hasta ahora han demostrado una lealtad ciega hacia él e ignorado sus
responsabilidades constitucionales”. Ezra Klein, director de Vox.com, pone
nombre y apellidos a esta crisis: Mitch McConnell, el líder republicano en el
Senado.
En el caso de Nixon, la crisis se agravó cuando el
Supremo le ordenó entregar las cintas. Sólo se resolvió con su dimisión. Para
entonces, muchos correligionarios le habían abandonado y Nixon sabía que no
sobreviviría al impeachment . La polarización actual de la política
estadounidense y el control absoluto de Trump sobre su partido, al que llegó
como un intruso incómodo, no indican por ahora que pueda ocurrir algo así.
Sobre esto, no se puede pedir cuentas a los padres fundadores.