Por eso, la primera petición de las organizaciones de periodistas ha sido la federalización de los crímenes contra el gremio, no porque se pidan privilegios para ese sector, sino porque los grupos de la delincuencia tienen dentro de su estrategia a los medios de comunicación. En cualquier tiranía es básico el control de las vías de difusión.

El problema es que la instancia del gobierno federal dedicada a investigar estos delitos, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, supone que 80% de los crímenes son en realidad del orden común, no vinculados con la profesión de las víctimas. ¿Dirán lo mismo del ataque ocurrido ayer en Chihuahua?

Parte medular de la lucha contra la inseguridad debería ser proteger la información veraz y oportuna, así como a sus transmisores. Si los sicarios logran someter a los medios de comunicación, la gente dejará de saber qué es lo que pasa incluso en su propia comunidad, como ya sucede en Ciudad Juárez o Reynosa, donde las balaceras se escuchan en las calles pero pueden pasar desapercibidas en los noticiarios.

Las agresiones contra comunicadores cargan hoy un elemento común: investigaciones que se desvanecen en la nada y un gigantesco halo de impunidad que cobija la mayoría de los casos. Por las aristas que toca este nuevo caso y por el hecho de estar involucrado en calidad de víctima un familiar del encargado de defender los derechos humanos en el estado, se impone el mayor rigor por parte de la PGR.

Una muerte, sin importar de quién se trate, no debe quedar impune. Valdría la pena preguntarse si los periodistas son más que daños colaterales, y en realidad son daños muy colaterales.

Queda en manos de las autoridades demostrar que es posible procurar justicia y que los ataques directos contra los ciudadanos sí tienen consecuencias.