En teoría, la ley tiene por objeto "desarrollar los principios rectores, derechos, garantías y deberes de la educación, la cual asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés", pero también acomodarse al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación trazado por Chávez.

Para los opositores se trata de hacer de las escuelas centros de formación ideológica al servicio del chavismo.

Como resulta "normal" en un país tan polarizado como Venezuela, aunque el gobierno asegura que el proyecto inicialmente presentado ha sido enriquecido con el aporte de diversos sectores del país, la oposición rechaza furiosamente la nueva ley e incluso llegó a denunciar que con ella se pretende despojar a los padres de la "patria potestad" de sus hijos.

Lo que sí parece claro es que la ley representa un duro golpe para la educación privada, para la autonomía universitaria y para el propio gremio magisterial ya que deja al Estado en pleno control y con poderosos instrumentos legales para castigar a quien pretenda contrariar el proceso chavista.

Como el oficialismo es mayoría en el Congreso venezolano, la oposición parlamentaria no pudo hacer nada para evitar la aprobación de la polémica ley.

Consciente de esa realidad, el jefe del opositor Podemos, Ismael García, al anunciar el retiro de su bancada del debate parlamentario, dijo que "hay que salir a las calles, hay que usar la rebeldía social para revertir esta ley de Educación".

El dirigente opositor también propuso un referendo para revocar la ley y que si las autoridades electorales se negaban a convocarlo, él impulsaría una "cuarta urna", como la que pretendía el presidente Manuel Zelaya en Honduras. ¡Qué ironía!

Tras la ola de nacionalizaciones de empresas, la ofensiva contra la libertad de prensa, que es disfrazada como "democratización" de los medios de comunicación, y ahora el control absoluto del sistema educativo venezolano, es innegable que el chavismo sigue avanzando en la imposición del singular "socialismo" petrolero.