Bolivia está asistiendo a un nuevo ciclo crítico de un problema viejo y peligroso: el narcotráfico. Hoy, la mafia de la droga se muestra más fuerte, más extendida por el territorio nacional y, tal parece, mejor contactada con las organizaciones internacionales del crimen. Sin embargo, la respuesta del país frente a este flagelo aún no es la suficiente y está siendo afectada, como ocurre con otros temas, por la crisis política.

El reciente descubrimiento de un megalaboratorio en la Chiquitania cruceña, la confiscación de una enorme carga de droga refinada en el camino del Chapare a Cochabamba, la destrucción de grandes plantaciones de marihuana en el valle y las confiscaciones de pasta base en el altiplano, son los rasgos de un problema que aún no se ha mostrado de cuerpo entero. Además, parece ser la muestra de que las organizaciones criminales cumplen con éxito la tarea de reclutar a potenciales narcos en el oriente, en el valle como en el occidente y de diferente condición social.

Sin embargo, y hay que reconocerlo, los hechos señalados en el anterior párrafo muestran el esfuerzo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de otros órganos antidrogas, por contener el avance de los narcos.

Sobre el megalaboratorio de la Chiquitania, el comandante de la FELCN, coronel Óscar Nina, informó que los sellos encontrados en el lugar dan las pistas de que el grupo que operaba en ese punto estaba vinculado con organizaciones colombianas o mexicanas, porque los sellos son utilizados para demostrar, en los mercados externos, la garantía de que es droga purificada. Además, fueron detenidas tres personas de origen colombiano y otra de nacionalidad boliviana.

Con la probada presencia de los narcotraficantes colombianos detenidos, la dimensión de esta actividad ilícita adquiere connotaciones muy peligrosas para el país. Habrá que recordar las amargas experiencias que sacuden a dos países amigos, Colombia, desde hace décadas, y México, recientemente y con violencia y luto.

El descubrimiento del megalaboratorio no puede dar paso a conductas exitistas como las que está mostrando el Gobierno nacional, que —haciendo uso de su aparato comunicacional y sus recursos— hace alarde con el hallazgo “más grande de la última década”; por el contrario, debe multiplicar sus esfuerzos y recursos, pues éste es un asunto que requiere de una mejor coordinación entre los órganos policiales, gubernamentales y de la Fiscalía —y por supuesto de la cooperación internacional— para hacer frente al narcotráfico en cada vez más flancos.

No habrá que olvidar que hace pocas horas, la Policía antidrogas se incautó de una carga de 289 kilos de clorhidrato que era trasladada en un carro cisterna que iba de Villa Tunari (en el Chapare) a Cochabamba.

Ante esta realidad, habrá que recordar que en Bolivia el total de la extensión del cultivo de coca ascendió a 28.900 hectáreas, casi 17.000 más que la admitida por la Ley 1008, según informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de Naciones Unidas, el 20 de febrero. Una cifra que el viceministro de la Coca, Jerónimo Meneses, quiso refutar diciendo que ¡sólo eran 28.500 las hectáreas de cultivo de esa planta!