Hace ya varios meses que se vienen manifestando señales inequívocas de alerta sobre el avance del narcotráfico en el país: toneladas crecientes de droga incautada, los ajustes de cuentas entre criminales han dejado de ser noticia, se han descubierto miembros infiltrados en instituciones gubernamentales estratégicas para la lucha contra las drogas. Y ahora, el hallazgo de este megalaboratorio, con tecnología de punta, capaz de producir cerca de 100 kilogramos de cocaína al día, manejado y custodiado por traficantes colombianos fuertemente armados y bien organizados, que se cree estuvo funcionando por más de dos años, viene a confirmar las sospechas de que los cárteles de la droga están operando en el territorio nacional.

Por todo ello, no sorprenden las recientes declaraciones del Presidente, emitidas el jueves durante los actos del 28 aniversario de Umopar, cuando señalaba que el Gobierno no iba a permitir más cultivos ilegales de hojas de coca, y mucho menos en los parques nacionales, patrimonio natural de los bolivianos, por más que “digan que no tienen fuentes de trabajo para justificar que se dedican a los cultivos de hojas de coca en zonas no autorizadas”.

El Presidente está preocupado, y con razón. Basta una ojeada rápida por los medios mexicanos para darse cuenta de los extremos del narcotráfico, acompañado siempre de asesinatos, violaciones, corrupción generalizada, y —en el extremo— la desestructuración del tejido social. En efecto, se sabe que los cárteles buscan siempre amedrentar a la sociedad y crear una imagen de ingobernabilidad para poder operar en la impunidad, y que en su afán por dominar el mercado abren varios flancos de lucha: contra la sociedad, entre ellos, y contra el Estado.

Por todo ello, además de identificar las causas estructurales y coyunturales que posibilitan la expansión del narcotráfico, urge asimismo encontrar soluciones que combinen el rigor de la ley con la promoción de alternativas viables para el desarrollo económico de la población, y que involucren a toda la sociedad.