A más de 15 años de distancia parece que la Profepa dejó de tener ese sentido para el gobierno federal. La cabeza de la institución fue entregada no a ecologistas, luchadores sociales en pro de un desarrollo sustentable o a prestigiados científicos, sino a panistas que no encontraron cabida en otra parte del gabinete. Ser defensor del ambiente resultó un premio para el aliado político en vez de un reconocimiento a los méritos de un conocedor del tema.

Siendo esto de suyo grave hay que sumar ahora la historia personal de Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, y quien como gobernador de Yucatán fue denunciado ante esa misma procuraduría porque en 2004 su gobierno autorizó la ampliación de una feria ganadera y artesanal que derivó en la tala de 40 hectáreas de árboles de la reserva ecológica de Cuxtal.

El funcionario mismo admitió antes de tomar el cargo que no tenía planes concretos para la Profepa. No hace falta tenerlos. Eso explica que sus antecesores en el cargo fueran otros dos panistas cuya única trayectoria es política: el ex presidente del PAN en el DF, José Luis Luege Tamargo, y el ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera.

Hay que entenderlo. La Profepa no es árbitro entre intereses políticos, económicos y populares. Es un defensor incondicional del ambiente. Quien encabece la institución debe tener una trayectoria y preparación que garantice ese principio. No es de negro sino de verde como debe vestirse al procurador.