Salvo sorpresas mayúsculas, Elena Kagan, la candidata de Obama para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo, será confirmada en el Senado este verano. Kagan, sin experiencia como juez, es sin embargo una jurista reputada y es moderada. Pese a la afinidad con los demócratas, no se le conocen aristas ideológicas. 

Más interesante resulta el contexto en el que Kagan relevará a John Paul Stevens, el juez que se retira. La Administración Obama se halla inmersa en un pulso con el Tribunal Supremo que tiene escasos precedentes recientes. Inclinado a posiciones conservadores bajo la presidencia del juez John Roberts, el Supremo amenaza con convertirse en contrapeso al impulso reformista de Obama. 

El debate tiene antecedentes. El primero es las elecciones presidenciales del 2000, que se decidieron cuando el Supremo detuvo el recuento de votos en Florida, lo que concedió la victoria a George W. Bush. Pero el antecedente más claro es el enfrentamiento entre Franklin D. Roosevelt y el Supremo, que se dedicó sistemáticamente a revocar leyes del new deal alegando que eran inconstitucionales. "Son inquietantes las semejanzas", ha dicho el constitucionalista Barry Friedman, autor de un ensayo que analiza aquel episodio. Tras arrasar en las elecciones de 1936 y revalidar su mandato, Roosevelt dijo basta. Consideraba que los electores habían legitimado el new deal y que los nueve jueces vitalicios no tenían derecho a vulnerar la voluntad del poder legislativo y ejecutivo. 

"No entendemos cómo se puede permitir que los viejos caballeros del poder judicial invaliden la voluntad del pueblo expresada a través de las cámaras legislativas, el Congreso y el presidente", escribió el New York Daily News.Roosevelt propuso al Congreso una nueva ley que permitiría al presidente nombrar un nuevo juez del Supremo por cada juez que tuviese más de setenta años. 

Así abarrotaría el tribunal con jueces afines y neutralizaría el frente mayoritario, contrario a sus políticas. 

El pulso se resolvió con un compromiso que, según Friedman, ha marcado el Supremo desde entonces. El Congreso rechazó el plan de Roosevelt. Al mismo tiempo, sin embargo, el Supremo empezó a aprobar la legislación del new deal."De hecho, se alcanzó un acuerdo tácito: el pueblo americano concedería a los jueces su poder, pero siempre que la interpretación que el Tribunal Supremo hiciese de la Constitución no se alejase demasiado de lo que la mayoría del pueblo pensase que convenía hacer", escribe el jurista. 

Ahora un presidente vuelve a desafiar al Supremo. El origen de la disputa es una sentencia del pasado enero que permite a empresas, grupos de presión y también a sindicatos financiar sin límite las campañas electorales. 

La mayoría conservadora del tribunal justificó la sentencia en virtud de la libertad de expresión. Obama ha pedido al Congreso que legisle para obligar a divulgar el nombre de quienes financien las campañas amparadas por las nuevas normas. 

¿Hasta qué punto el poder judicial puede definir las reglas del juego de la democracia? ¿Hasta qué punto puede, como ha sucedido en el caso de la financiación electoral, socavar una ley aprobada en el Congreso? ¿El Supremo interpreta la ley o hace la ley? 

Obama cree que los conservadores pecan ahora de lo mismo que acusaban a los progresistas en el pasado, sobre todo en los años sesenta y setenta, cuando el Supremo transformó el país a base de sentencias sobre derechos civiles o el aborto. El pecado sería el activismo judicial que, en palabras de Obama, consiste en "imponer soluciones judiciales a los problemas en vez de dejar que el proceso funcione de forma política". 

Hace unos días, en una conversación con periodistas a bordo del Air Force One,el presidente, que fue profesor de Derecho Constitucional en Chicago, se quejó de "las teorías legales que acaban dando a los jueces un montón de poder, de hecho a veces más poder que el de los representantes debidamente electos". "El núcleo de lo que se entiende por restricción jurídica - prosiguió-es que, de manera general, deberíamos dar por supuesto que los procesos democráticos y las leyes producidas por la Cámara y el Senado y las cámaras estatales - y el proceso administrativo que acompaña todo esto-merecen un mínimo de deferencia, siempre que se respeten los valores constitucionales esenciales". 

Los demócratas temen que en los próximos meses y años los episodios de enfrentamiento se repitan. Es probable que en el futuro el tribunal deba pronunciarse sobre algunos aspectos de la reforma sanitaria, la iniciativa clave del primer año de la Administración Obama. La oposición al presidente no está sólo en el partido republicano.