Cuando Gazprom, el monopolio de gas natural de Rusia, suspendió el abastecimiento a Ucrania y Georgia en enero de 2006, la maniobra fue ampliamente percibida como una clara advertencia de la voluntad del Kremlin para utilizar sus recursos energéticos como medio de influencia política sobre Europa. Un año después, Rusia resaltó la importancia de ese acto al cortar el suministro de petróleo a Bielorrusia durante tres días, lo que tuvo repercusiones en los envíos hacia Europa Occidental.

A pesar de esas amenazas indirectas relacionadas con el abastecimiento, ha habido pocas señales de una política amplia y eficaz de la Unión Europea que reduzca la dependencia de la energía rusa. Las propuestas energéticas de la Comisión dadas a conocer en enero son un paso en la dirección correcta. Pero tendrán un efecto directo menor en las relaciones energéticas de Rusia con Europa porque no obligan a ese país a adoptar políticas de transporte e inversión en el sector energético más competitivas y transparentes.

Al contrario, los países europeos continúan celebrando transacciones bilaterales con Rusia, con poca consideración hacia los intereses comunes de la UE. Los miembros occidentales de la UE han mostrado escasa preocupación por las tácticas de presión rusas contra los nuevos miembros de Europa Central y Oriental, lo que pone en duda el grado de solidaridad de la UE en lo que concierne al abastecimiento energético. Desde que el Kremlin interrumpió el suministro de energía a los Estados bálticos en 1990, con la vana intención de aplastar sus movimientos de independencia, ha seguido utilizando la política del gasoducto contra países como Polonia, Letonia y Lituania –todos ellos nuevos Estados miembros de la UE. Para ellos, y para las nuevas democracias como Ucrania, Georgia y Moldova, el dominio energético ruso y sus consecuencias políticas siguen siendo una amenaza seria.

Rusia ha aprovechado la desorganización de Europa para consolidar una dependencia europea mayor, de largo plazo, de la energía rusa, en particular del gas natural al continuar sus tácticas de "divide y vencerás" hacia los gobiernos europeos. Desde enero de 2006, Moscú ha negociado acuerdos por separado con compañías energéticas de Alemania, Francia, Italia, Hungría, Serbia, Eslovaquia y Dinamarca, que podrían socavar los esfuerzos europeos de construcción de gasoductos adicionales para no tener que recurrir al casi monopolio de abastecimiento de Rusia desde Asia Central.

En un inicio parecía que Alemania, bajo el gobierno de la Canciller Ángela Merkel, se mostraría más sensible ante la seguridad energética de Europa Central y Oriental. Sin embargo, Merkel aprobó el costoso Gasoducto del Norte de Europa (NEGP) que pasará por debajo del Mar Báltico, negociado por su predecesor Gerhard Schroeder y el Presidente Vladimir Putin, y al que otro miembro de la UE, Polonia, se opuso enérgicamente porque el gasoducto no pasará por su territorio. El NEGP costará al menos ocho veces más que el gasoducto alternativo Yamal II que se habría construido sobre territorio polaco.

A pesar de las buenas intenciones de la Comisión Europea, los Estados miembros más grandes de la UE se siguen resistiendo a someterse a una política energética común. A mediados de noviembre, los ministros de relaciones exteriores de la UE no pudieron ponerse de acuerdo en una postura común hacia la energía rusa –justo cuando volvieron a surgir informes de que Rusia podría buscar establecer un cartel de gas natural similar a la OPEP.

De esta manera, la voluntad política de la UE para contrarrestar su dependencia cada vez mayor de Rusia en el futuro inmediato está en duda. En efecto, en los siguientes cinco a diez años, Rusia sólo podrá cumplir sus contratos de gas con Europa mediante la monopolización de las exportaciones de gas desde Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán. Pero hasta ahora, la UE ha preferido ignorar que el monopolio de Gazprom es una violación clara de las políticas de competencia y antitrust del Tratado de Roma revisado y de las obligaciones en el marco de la OMC.

Es claro que Rusia cree que el restringido mercado mundial actual y los altos precios de la energía le dan la influencia suficiente sobre Occidente para mantener su enfoque actual. Consistentemente, Rusia se niega a dar a las compañías occidentales el mismo acceso a las instalaciones rusas que las compañías estatales rusas ya disfrutan en Europa y Estados Unidos. Es probable que eso siga así mientras Occidente no adopte una estrategia energética que haga que el Kremlin cambie de rumbo.

Putin niega que Rusia esté utilizando sus recursos energéticos para coaccionar a los gobiernos europeos con el argumento de que la disminución del abastecimiento de gas a Europa Occidental durante la suspensión a Ucrania en enero de 2006 fue el resultado de un "robo" ucraniano. En su disputa con Bielorrusia en enero de 2007, Rusia hizo una acusación similar de robo al oleoducto que atraviesa el país. También argumenta que ha estado subsidiando los precios energéticos de la Comunidad de Estados Independientes, cuando en realidad son los Estados de Asia Central quienes han estado subsidiando a Rusia todavía en mayor medida.

Aunque la Comisión Europea parece estar comprometida con la construcción de un mercado de energía más abierto y competitivo en Europa, las acciones en contra de las prácticas anticompetitivas de Rusia al interior de la UE han pasado a segundo plano ante la diferencias internas sobre las batallas por la adquisición de "empresas insignia" nacionales de energía que involucran a compañías de otros Estados miembros. Es necesario convencer a Rusia de que sus recursos serán mucho más valiosos si se abren a la inversión internacional, se administran de manera transparente y se operan según las reglas comerciales y jurídicas del sistema de comercio internacional. Pero eso es improbable en ausencia de una acción europea enérgica y unificada.