Durante mucho tiempo se ha debatido sobre las terribles consecuencias de la cada vez mayor intromisión del Estado sobre la actividad económica de un país así como en sus habitantes. El gobierno, al querer determinar, dictar y solucionar las múltiples e ilimitadas necesidades de todos y cada uno de los individuos, se autoasigna tareas que no podrán cumplir por su inviabilidad implícita, es decir, porque nadie, ni el propio gobierno, puede saber y tener el control sobre millones de decisiones que diario se llevan a cabo en el mercado.

Recordemos que el gobierno no es un ente generador de bienes o servicios productivos que se coticen en cualquier mercado y por el cual se pague un precio o un valor a cambio. Por el contrario, el gobierno se hace de recursos a través de impuestos con la justificación legal de "financiar sus legítimas actividades" que en algunos casos no solamente se limitan a la impartición de justicia y preservación del Estado de Derecho, dicho en otras palabras, en acciones para evitar que nos matemos unos a otros o que perjudiquemos a terceras personas a costa de nuestro beneficio personal (tareas que deberían ser exclusivas del Estado), sino que se atribuyen infinidad de tareas adicionales como administrar aeropuertos, sistemas de salud, educación, industrias eléctricas, petroleras, energéticas, y de correos, etc. por mencionar sólo algunos.

Así, y bajo este escenario, el gobierno adquiere múltiples compromisos de gasto social y cada día demanda más recursos para poder satisfacer partidas presupuestales crecientes. Por eso es entendible ver cada año a los legisladores debatiendo y pugnando por hacerse de más recursos, olvidando en todo esto un principio elemental: Los recursos que el gobierno adquiere significan menores recursos para la sociedad para gastarlos o invertirlos de manera más eficiente y generar así, mayores niveles de bienestar. De ahí que el manejo, gasto y destino de recursos en manos del gobierno es siempre más ineficiente y costoso que en manos de los particulares.

Rose y Milton Friedman, en su obra Free To Choose: A personal Statement, explican mejor que nadie los tipos de gasto que realiza una persona, desarrollando cuatro tipos de gasto posible dependiendo quién hace el gasto y a quién se dedica ese gasto:

I. La persona gasta su propio dinero en su propio beneficio. El ejemplo más claro de esto es toda compra que uno hace de un bien que uno mismo usará. Puede ser el gasto que alguien realiza en un supermercado para adquirir artículos para su propio consumo, o bien la compra de un automóvil para su propio uso. Claramente existe en esta categoría un fuerte incentivo para realizar una compra eficiente y económica, comprando el bien que más valor representa para la persona.

II. La persona gasta su propio dinero para beneficio de un tercero. El ejemplo más típico de esto es la compra de regalos de Navidad o cumpleaños. Igualmente en esta categoría se tiene un fuerte incentivo para economizar, aunque algo menos para lograr el máximo valor para el receptor del regalo.

III. La persona gasta dinero ajeno en ella misma. Es el caso de las cuentas de viaje cubiertas por la empresa. En este caso, la persona no tiene un fuerte incentivo de ahorro, aunque sí tiene una motivación para obtener el máximo valor posible para ella.

IV. La persona gasta dinero ajeno en terceras personas. Es el caso de pagar uno mismo la cuenta de otra persona con cargo a la empresa. No hay aquí incentivo para gastar menos ni para buscar el máximo valor.

En las últimas dos categoría es precisamente donde entran los gobernantes. En la tercera categoría se ejemplifica la actuación de funcionarios públicos que absorben la mayor cantidad de recursos públicos para su beneficio personal (vía salarios, prestaciones, bonos, etc) y la cuarta categoría tiene que ver con el ejercicio del gasto público. Los ejemplos descritos por Rose y Milton Friedman referentes a "con cargo a la empresa" es exactamente igual que decir "con cargo a los contribuyentes" cuando hablamos del sector público. Por lo tanto, los incentivos al gastar dinero ajeno es distinta a la de gastar dinero propio. Se realiza con menos cuidado y se suele ser mucho más derrochador con el dinero ajeno.

La semana pasada en México se presentó una propuesta de reforma fiscal que llama poderosamente la atención en muchos aspectos. El primero de ellos es que esta propuesta al contrario de muchas otras presentadas con anterioridad, parecería que trata de ampliar los beneficios al cliente y no se centra del todo en las necesidades exclusivas del gobierno. Me explico.

Anteriormente se expuso que el actual sistema tributario mexicano está lleno de injusticias e ineficiencias las cuales repercuten negativamente en la creación de riqueza. Exenciones impositivas, tasas diferenciadas, deducciones innecesarias, subsidios y créditos, infinidad de gravámenes, regímenes privilegiados, una base precaria de contribuyentes, trámites complicados y costosos han limitado las oportunidades de inversión, ahorro y empleo en México. Los efectos dañinos en las deficientes políticas fiscales han sido una altísima carga fiscal, mínima carga impositiva, alto costo de fiscalización, corrupción, evasión y elusión, distorsión de los procesos de mercado, piratería, actividad informal y magro crecimiento económico.

Una solución a esta problemática se resumía en la adopción de una tasa única de impuesto, sin embargo, el gobierno presentó una propuesta que se basa en la sustitución de un impuesto ya existente (Impuesto Sobre el Activo) para que interactúe paralelamente con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se determine el monto a pagar. En resumen este nuevo impuesto llamado CETU (Contribución Empresarial a Tasa Única) es un gravamen que se aplicará a las empresas y personas físicas con actividad empresarial que acota las deducciones, exenciones y regímenes especiales y que busca principalmente hacer pagar a las empresas que a través del ISR eluden los pagos de impuestos que les corresponden. Un punto importante de esta medida es que combate la evasión y elusión fiscales que tanto daño han hecho al sistema fiscal mexicano. Este impuesto se determina restándole a los ingresos de la empresa los insumos que adquirió para producir y la inversión, por lo que favorece la inversión en bienes de capital que generará la creación de empleos de calidad asociados a la capacidad y destreza en el uso de tecnología.

Otro punto central de la reforma presentada en México tiene que ver con el gasto público. Se destaca la introducción de elementos tales como la como optimización del gasto público orientado a resultados, transparencia y rendición de cuentas. En otras palabras, se limitan los márgenes de discrecionalidad de las autoridades federales, estados y municipios en el ejercicio del gasto público. Las autoridades hacendarias parten de la premisa de cualquier reforma fiscal debe empezar por el compromiso del gobierno para gastar mejor y para dar resultados comprobables que satisfagan a los ciudadanos, sentando un gran precedente a dicho proyecto.

Si bien, la propuesta de reforma fiscal presentada por las autoridades mexicanas no es una propuesta de tasa única como la planteada en un inicio, ya que mantiene todavía altas tasas en comparación con esquemas de un impuesto único y parejo a nivel internacional como Estonia e Irlanda, se propone algo diferente que marca el camino correcto hacia donde se debe de ir y que, por supuesto, tendrá errores y omisiones, pero se puede ir perfeccionando sobre la marcha. Elementos tan básicos como saber cómo se gasta el dinero el gobierno (de por sí ya con un gran costo de oportunidad para la sociedad) con mecanismos de evaluación de resultados y rendición de cuentas para saber qué se está haciendo bien y en qué de derrochan y malgastan los recursos públicos, le devuelve al contribuyente el protagonismo que siempre debe tener toda reforma de este tipo, de ahí la importancia de saber cómo gasta el gobierno.