Desde tiempo inmemorial en Alemania se ha dicho que la policía y en particular los servicios secretos interiores, el Departamento Federal para la Protección de la Constitución (BfV), estaban “ciegos del ojo derecho”. Se quería decir con ello que la policíasiempre persiguió aquí la delincuencia política de izquierdas con mucho mayor entusiasmo y convicción, que la dedicada a la extrema derecha, responsable de la muerte de 147 personas en los últimos veinte años, y que, con gran diferencia, ha sido, y es, el principal factor de violencia política en el país.

Esa tara administrativa se explica por razones históricas. Por un lado la continuidad burocrática que una muy superficial y moderada desnacificación en la posguerra determinó en aparatos de Estado como la judicatura y la policía. Por el otro, la fuerte impronta anticomunista y antizquierdista que  impregnó la vida política en un país que durante casi medio siglo estuvo en la primera línea de la guerra fría, con otra Alemania, adversaria y comunista, enfrente. Pero que esa ceguera llegase al extremo de destruir informaciones muy relevantes sobre el principal grupo terrorista detectado en más de una década en el país, ha sido algo que ha superado toda comprensión, y por lo que el jefe del BfV, Heinz Fromm, tuvo que presentar ayer su dimisión.

Se trata del caso de la célula “Clandestinidad Nazi” (NSU) integrada por tres jóvenes, dos hombres y una mujer, que fue descubierta el pasado noviembre tras más de una década de crímenes, entre ellos el asesinato con disparos a bocajarro en la cabeza de nueve emigrantes, ocho turcos y un griego, todos ellos pequeños comerciantes, el de una mujer policía, así como 14 atracos y dos atentados con bomba en barrios con gran presencia de emigrantes en los que ocasionaron más de una veintena de heridos.

La célula, compuesta por Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt y Beate Zschäpe, nació en Turingia (Alemania del Este) en los medios de una asociación neonazi, la Thüringer Heimtaschutz(THS), que estaba plagada de informantes del BfV, entre ellos el propio jefe de la asociación. Siete archivadores que contenían información de esos informantes recopilada a lo largo de seis años por el BfV y la inteligencia militar (MAD), un material que, razonablemente, debía contribuir al esclarecimiento del caso, fueron destruidos el 11 de noviembre, una semana después del suicidio de Mundlos y Böhnhardt, y pocas horas antes de que su información tuviera que pasar a manos judiciales.

Se podría pensar en una chapuza, sino fuera porque todo el caso ya lo fue: la policía tardó años en atribuir los asesinatos a los nazis, que prefirió achacar a la mafia, investigando incluso a los familiares de las víctimas ante quienes la canciller Angela Merkel tuvo que disculparse en febrero en un solemne acto de desagravio.

La del director del BfV podría no ser la última dimisión. Ya hay voces que piden la cabeza del ministro presidente del Estado de Hesse, Volker Bouffier, de la CDU. En Kassel, una ciudad de Hesse se registró, en abril de 2006, uno de los más extraños asesinatos de esta serie neonazi: el del ciudadano turco Halit Yozgat, propietario de un cibercafé. Andreas Temme, un agente del BfV de Hesse al que sus compañeros llamaban el “pequeño Adolfo”, se encontraba en la escena del crimen cuando Yozgat fue asesinado de un disparo en la cabeza a quemarropa, pero no informó del hecho ni fue detenido. La comisión de investigación del Bundestag ha podido saber que el ministro del interior de Hesse y hoy Presidente, Volker Bouffier, vetó personalmente que se investigara al BfV de su región por aquel crimen, lo que se añade al culebrón.